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Cáqueza: Protestas por aumento en la tarifa del agua

por: Julian Glevez

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Los habitantes de Cáqueza, Cundinamarca, han alzado su voz en las calles ante un notable incremento en los recibos de agua y alcantarillado. Este aumento, ejecutado por la empresa privada Prolatan y con el visto bueno de la Superintendencia de Servicios Públicos, varía significativamente, alcanzando en algunos casos hasta un 600%.

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Este incremento no ha sido uniforme y ha afectado principalmente a las familias de menores ingresos. Mientras algunos usuarios han experimentado incrementos moderados, la mayoría de las quejas surgen de quienes han visto un alza entre el 300% y 500% en sus tarifas. La situación ha generado un malestar generalizado, liderado por voceros comunitarios que consideran estas tarifas desproporcionadas y el servicio ofrecido como inadecuado.

Alza tarifa de agua en Cáqueza
Alza tarifa de agua en Cáqueza

Las acciones de protesta no se han limitado a manifestaciones públicas. La comunidad, con el respaldo de líderes locales, ha tomado medidas legales. Destaca una tutela promovida por el barrio El Palmar, que ha resultado en un fallo a favor del vecindario, abriendo la puerta a soluciones que podrían proteger sus derechos frente a este abrupto ajuste.

La comunidad no solo ha llevado su caso a los tribunales, sino que también ha presentado una apelación oficial ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Este recurso busca que la entidad revise y ajuste las tarifas, devolviéndolas a niveles más equitativos y sostenibles para la población local.

En respuesta al aumento, muchos residentes han decidido suspender el pago de sus facturas hasta que el ente regulador emita una decisión sobre el recurso presentado. Este acto de resistencia económica también resalta las insatisfacciones relacionadas con la calidad del servicio, ya que según los residentes, el suministro de agua es esporádico, llegando solo una vez a la semana por un breve lapso.

El descontento en torno al contrato con Prolatan ha llevado a la consideración de solicitar su nulidad. La comunidad alega posibles irregularidades tanto en la prestación del servicio como en el proceso de concesión, cuestionando además la privatización del suministro de agua en la región.

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