En un esfuerzo por salvaguardar uno de los ecosistemas más valiosos de Colombia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha implementado una medida preventiva crucial en respuesta a la destrucción de 247 frailejones. Este incidente tuvo lugar en la vereda Monte de Luz, ubicada en el municipio de Saboyá, dentro de la Reserva Forestal Protectora Páramos de Telecom y Merchán.
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La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Tunja fue esencial para impulsar esta acción, solicitando a la CAR que procediera con medidas urgentes. Entre las acciones requeridas se encuentran la realización de visitas técnicas exhaustivas, la implementación de medidas preventivas y la elaboración de informes detallados para esclarecer los acontecimientos y proteger el entorno natural afectado.
La medida fue formalizada con la presencia de diversas entidades, incluyendo la dirección regional Chiquinquirá de la CAR, la alcaldía de Saboyá, la Personería y la Policía de Carabineros y Recursos Naturales. Durante la intervención en el predio involucrado, se ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad perjudicial para los frailejones o para otros elementos del medio ambiente.
Yiber González, director regional de la CAR en Chiquinquirá, enfatizó que, aunque se respeta el derecho al trabajo, este no puede ser justificación para dañar el ambiente. "Esto afecta los derechos colectivos de la comunidad que depende del agua y otros servicios ambientales proporcionados por el páramo", manifestó.
Con el objetivo de establecer una estrategia integral, se realizó una reunión con la Gobernación de Boyacá y la alcaldía de Saboyá. Este encuentro buscó definir un plan de acción a corto plazo para proteger los ecosistemas altoandinos, tomando en cuenta las responsabilidades y competencias de cada entidad involucrada en la región.
Es relevante señalar que el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, había anunciado previamente, el 7 de enero de 2025, la creación de un equipo especializado. Este grupo se encargará exclusivamente de investigar los daños causados a este frágil ecosistema.
Además, se ha indicado que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los presuntos responsables. La ley establece penas que pueden exceder los cinco años de prisión para delitos ambientales de esta naturaleza, considerándolos atentados contra ecosistemas estratégicos como los páramos y los recursos hídricos.
Entre las consecuencias de este tipo de delitos se incluye la posibilidad de imponer sanciones económicas significativas. En situaciones similares, las multas pueden superar los 500 millones de pesos, reflejando la gravedad de la infracción y el compromiso de las autoridades por proteger los recursos naturales.
Este caso destaca la importancia de la cooperación interinstitucional y la determinación de las autoridades para garantizar la protección de ecosistemas críticos en Colombia, asegurando que los valores ambientales se preserven para las generaciones futuras.
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