Un incendio arrasó con aproximadamente 19 hectáreas de tierra en una zona de alta relevancia ecológica ubicada entre los municipios de Pulí y Beltrán, Cundinamarca. En respuesta, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha iniciado un procedimiento sancionador dirigido al dueño del terreno. Este incidente ha impactado negativamente en la flora y fauna del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), hogar del escaso bosque seco tropical de la vertiente oriental del Magdalena.
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Los expertos de la Dirección Regional Magdalena Centro de la CAR realizaron una evaluación exhaustiva del daño ocasionado por el incendio. En el primer sector afectado, que comprende 9.37 hectáreas, se observó un notable daño a especies arbóreas nativas como guácimos, capote, cucharos y yarumos. Este daño pone en riesgo la biodiversidad y la estabilidad del entorno natural.
Una segunda área afectada, de 9.11 hectáreas, mostró una severa degradación de las coberturas vegetales. La destrucción de estos hábitats naturales resulta en una pérdida significativa para la vida silvestre local, que depende de esta vegetación para su subsistencia.
Adicionalmente, el incendio afectó cuerpos de agua clave en la región, incluyendo un flujo permanente de la quebrada Gallinazo y cinco drenajes temporales, todos contribuyentes del río Magdalena. Este daño compromete las áreas de ronda y podría tener consecuencias para el ciclo hidrológico de la región.
El director regional de CAR Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar, se pronunció sobre el hecho, agradeciendo a los ciudadanos que informaron sobre el incidente. En sus declaraciones, subrayó el peligro que estos incendios representan, no solo para las vidas humanas y los ecosistemas, sino también para otros recursos como el aire, debido al material particulado dispersado por las llamas.
La Corporación reitera su compromiso con la conservación del medio ambiente y pide a la población local reconocer la importancia de estas áreas de conservación. La CAR advierte que tales actos irresponsables conllevan severas penalizaciones para los responsables, instando a la comunidad a adoptar prácticas más sostenibles.
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