La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR entregó 24 kits de dotación a los brigadistas ambientales que trabajan en la prevención, intervención y atención de emergencias en distintos puntos de su jurisdicción. Con esta decisión, la entidad se convierte en una de las pocas autoridades ambientales del país con capacidad operativa directa en territorio.
La brigada está integrada por 24 personas organizadas en seis cuadrillas que respaldarán el trabajo de las 14 direcciones regionales, con ubicación estratégica para reducir tiempos de reacción. No se trata únicamente de apagar incendios o atender desastres: los grupos desarrollarán acciones de anticipación del riesgo como identificación de puntos críticos, revisión de árboles que representen amenaza, control de quemas, limpieza de ríos y quebradas y acompañamiento comunitario para disminuir vulnerabilidades.
En su intervención, Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, resaltó el carácter pionero de la iniciativa: “Ustedes son este proyecto piloto, por lo tanto tienen el gran reto de demostrarle al país que sí es posible que las autoridades ambientales contemos con nuestro propio cuerpo de brigadas, y que, a través de resultados concretos, podamos defender la continuidad y el fortalecimiento de esta iniciativa”.
Respuesta temprana y presencia en territorio
Históricamente, las corporaciones autónomas regionales han dependido de los cuerpos de bomberos, los comités municipales de gestión del riesgo o incluso de la buena voluntad de comunidades organizadas para atender emergencias ambientales. Esta externalización de la respuesta, aunque necesaria, ha implicado limitaciones: los tiempos de reacción suelen ser más largos, la coordinación interinstitucional enfrenta obstáculos administrativos y no siempre hay disponibilidad inmediata de personal capacitado.
La CAR rompe ese esquema al contar con brigadistas propios, entrenados y equipados para intervenir directamente. Las seis cuadrillas han sido distribuidas estratégicamente en puntos clave de la jurisdicción, que abarca 98 municipios de Cundinamarca y parte de Boyacá. Esto permite que, ante una alerta, el tiempo entre la detección y la primera intervención se reduzca drásticamente.
Cada kit de dotación entregado incluye elementos de protección personal, herramientas para trabajo en campo, equipos de comunicación y dispositivos para la mitigación de incendios forestales. Pero más allá de los implementos físicos, la apuesta de fondo es institucional: la CAR asume un rol activo en la defensa del territorio, sin esperar a que otros actores suplan sus responsabilidades.
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Sostenibilidad como eje transversal
La labor de los brigadistas no se limita a sofocar incendios o atender deslizamientos. El modelo incorpora criterios de sostenibilidad en cada intervención, con prácticas orientadas a reducir impactos y fortalecer el cuidado ambiental. Durante eventos críticos, los equipos apoyan el control de incendios forestales y atienden inundaciones, trabajando de manera articulada con las demás entidades del sistema de gestión del riesgo.
Sin embargo, el énfasis está puesto en la anticipación. La identificación de puntos críticos permite, por ejemplo, realizar podas preventivas de árboles en riesgo de caída antes de que colapsen sobre viviendas o vías. El monitoreo de quemas ilegales busca disuadir prácticas agrícolas que suelen desencadenar incendios de cobertura vegetal. Y la limpieza periódica de ríos y quebradas reduce la probabilidad de taponamientos que, en temporada de lluvias, derivan en inundaciones.
Este enfoque preventivo tiene además un componente comunitario. Los brigadistas no llegan como agentes externos que imponen decisiones: su acompañamiento busca que las propias comunidades identifiquen riesgos, adopten buenas prácticas y se conviertan en vigilantes activas de su entorno. La vulnerabilidad no se reduce únicamente con obras físicas, sino con procesos pedagógicos sostenidos en el tiempo.
Un piloto con vocación de permanencia
El carácter piloto del programa, mencionado explícitamente por el director Ballesteros, implica tanto una oportunidad como una presión. La oportunidad es demostrar que las autoridades ambientales pueden y deben tener capacidad operativa propia, superando la tradición de limitarse a funciones administrativas y sancionatorias. La presión es que, al tratarse de una experiencia novedosa, cada intervención será observada con lupa y cualquier falla podría utilizarse como argumento para frenar su expansión.
Los brigadistas son conscientes de ese reto. Provienen de regiones cercanas a los puntos donde operarán, conocen el territorio y sus problemáticas específicas. No son funcionarios de escritorio; su labor se desarrolla en campo, bajo condiciones climáticas adversas y con exposición a riesgos físicos. La dotación entregada busca precisamente reducir esos riesgos y dotarlos de herramientas adecuadas para el trabajo pesado.
En eventos de alta complejidad, los equipos operarán de forma articulada con las entidades del sistema de gestión del riesgo, pero la diferencia ahora es que la CAR llega a la mesa con capacidad propia, no como un convidado de piedra. Esa autonomía operativa fortalece su posición institucional y le permite incidir directamente en la protección de los ecosistemas bajo su cuidado.
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