La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva de suspensión inmediata a una actividad porcícola localizada en la vereda El Hato, en el municipio de La Calera. La decisión se tomó tras una inspección técnica realizada por profesionales de la regional Bogotá-La Calera, quienes evidenciaron la descarga de vertimientos directos al suelo sin ningún tipo de tratamiento previo. Los técnicos constataron la existencia de dos orificios en la infraestructura por donde los desechos líquidos y sólidos fluían hacia zanjas en tierra, contaminando diversas áreas del predio.
El predio, identificado como “Granja Porcina El Hato”, albergaba aproximadamente 500 cerdos en etapa de engorde. La inspección se realizó el pasado 5 de febrero, luego de que la CAR recibiera múltiples quejas de los vecinos. Estos denunciaban olores fétidos insoportables y la presencia de moscas y roedores en una magnitud nunca antes vista. “Era como vivir al lado de un basurero tóxico. El olor impregnaba la ropa, la comida. Los niños no podían jugar afuera”, relató por teléfono Clara Inés Gómez, una de las vecinas afectadas.
Yuber Cárdenas, director regional de la CAR, advirtió que la acumulación de porcinaza en los corrales no solo genera olores ofensivos que afectan a los vecinos, sino que produce un daño significativo al suelo y puede derivar en problemas graves de salud pública. “Los purines (excretas líquidas) porcícolas son altamente contaminantes. Tienen una carga orgánica enorme, nitrógeno, fósforo y patógenos. Al ir directo al suelo, contaminan las aguas subterráneas y generan gases como amoníaco y metano”, explicó el ingeniero Cárdenas.
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La clausura de una granja que revela un problema masivo en Cundinamarca
Tras revisar el sistema de expedientes, se confirmó que el establecimiento operaba de manera irregular, ya que no posee permiso de vertimientos ambientales vigente. Esta falta de un plan de manejo de residuos motivó la intervención inmediata de la autoridad ambiental.
El representante legal de la granja, identificado como Jorge Iván Ramírez, alegó ante los inspectores que tenía un “sistema de tratamiento artesanal” que consistía en unas pozas de oxidación. Sin embargo, los técnicos de la CAR encontraron que estas pozas estaban colmatadas y agrietadas, lo que hacía que su función fuera nula. “Era una farsa. Las pozas estaban llenas de lodo y rebosaban. Todo el efluente se filtraba o se desbordaba”, indicó una de las inspectoras, que pidió reserva de su nombre.
El caso de “Granja Porcina El Hato” no es aislado. Según datos de la CAR, en su jurisdicción existen más de 1,200 granjas porcícolas registradas. Se estima que al menos un 30% operan sin el permiso de vertimientos al día o con sistemas de tratamiento inadecuados. El problema es particularmente agudo en municipios de la Sabana Centro y Oriente, como La Calera, Sopó, Zipaquirá y Ubaté, donde la actividad se ha expandido sin un control ambiental estricto.
“Hay una cultura del atajo. Invertir en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para una granja pequeña puede costar entre $50 y $200 millones. Muchos productores prefieren arriesgarse a una multa, que suele ser menor, antes que hacer esa inversión”, analizó el ingeniero ambiental Daniel Suárez, consultor del sector.
Además de la suspensión de las actividades, la CAR inició un proceso para identificar otros posibles impactos ambientales negativos con el fin de determinar las sanciones adicionales que correspondan. El procedimiento sancionatorio puede tardar varios meses. Incluye la cuantificación del daño ambiental. Se toman muestras de suelo y aguas subterráneas para medir la concentración de nitratos y coliformes fecales.
Las sanciones pueden ir desde multas que pueden superar los $1.000 millones de pesos (5.000 salarios mínimos diarios legales vigentes) hasta la demolición de obras y la obligación de reparar el daño ambiental. En casos extremos, puede haber responsabilidad penal para el propietario.
La entidad reiteró su compromiso con el control y vigilancia de los recursos naturales en su jurisdicción, instando a los productores agropecuarios a cumplir estrictamente con la normativa ambiental para evitar daños irreversibles a los ecosistemas.
Pero el llamado a la autorregulación no es suficiente. Para la Asociación de Porcicultores de Cundinamarca (ASOPORCI), el problema también es de asistencia técnica y financiación. “No todos los pequeños productores son irresponsables. Muchos quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo o no tienen acceso a crédito verde para modernizar sus instalaciones”, argumentó su presidente, Carlos Méndez.
La búsqueda de un modelo porcícola que no envenene el territorio
ASOPORCI propone que la CAR y la Secretaría de Agricultura creen un programa de reconversión tecnológica. Ofrecer subsidios y asesoría para que las granjas implementen biodigestores. Estos sistemas no solo tratan los purines, sino que generan biogás (energía renovable) y biol (fertilizante orgánico). Transforman un pasivo ambiental en un activo económico.
Mientras tanto, en la vereda El Hato reina un silencio cargado de alivio y desconfianza. Los vecinos temen que, una vez pase el revuelo, la granja intente reabrir de manera clandestina. “La CAR puso el selló, pero ¿quién vigila todos los días? Necesitamos que esta sanción sea ejemplar. Que mande un mensaje claro a todos los que contaminan nuestro territorio”, exigió Clara Inés Gómez.
Esta acción forma parte de la estrategia de la corporación para garantizar la sostenibilidad y el respeto por el entorno en los municipios de Cundinamarca. El caso de La Calera es una gota en un océano de desafíos ambientales. Pero es una gota necesaria. Demuestra que la impunidad tiene un límite. Que el desarrollo agropecuario no puede construirse sobre la base de envenenar la tierra y el agua que sustentan a todas las comunidades, rurales y urbanas. La suspensión es un primer paso. La verdadera victoria llegará cuando la remediación sea completa y el modelo de producción, transformado.
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