La reciente intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el municipio de Cucunubá ha puesto en evidencia la actividad minera sin permisos que se ha venido realizando en dos explotaciones de carbón. Con el objetivo de mitigar los potenciales daños ambientales, la CAR ha decidido implementar medidas preventivas en las zonas afectadas.
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La primera intervención tuvo lugar en la vereda Pueblo Viejo, específicamente en el predio “El Resguardo”. Aquí, las autoridades detectaron una serie de impactos ambientales preocupantes. Estos incluyen:
- Acumulación descontrolada de carbón y materiales de desecho en un botadero temporal.
- Deficiente manejo de las aguas de escorrentía.
- Inadecuada preparación del terreno donde se dispusieron los materiales explotados.
El operativo llevado a cabo por el equipo técnico de la dirección regional Ubaté identificó posibles consecuencias ambientales. Entre ellas destacan la contaminación del suelo y el riesgo de pérdida de la capa orgánica debido a la disposición incorrecta de materiales, poniendo en peligro el cercano bosque nativo y los potreros adyacentes.
Otro aspecto crítico observado fue la contaminación hídrica. La incorrecta disposición de lixiviados, que son líquidos producidos por la descomposición o degradación de materiales, ha provocado el vertimiento de aguas residuales mineras directamente en el suelo, afectando su calidad.
Es relevante mencionar que este predio se localiza dentro de un Área de Reserva Especial (ARE), una zona bajo protección donde la minería está estrictamente prohibida. Esta situación agrava aún más la necesidad de un control riguroso y la imposición de medidas urgentes.
La segunda medida fue implementada en el predio La Lomita, también en Pueblo Viejo. Aquí se constataron posibles alteraciones a la quebrada del mismo nombre. La obstrucción del cauce y su ronda hídrica por material estéril, utilizado en la construcción de infraestructuras mineras, podría derivar en el represamiento de aguas, especialmente durante la temporada de lluvias.
Bryan Martínez, director regional de la CAR en Ubaté, hizo hincapié en la necesidad de que toda actividad minera cumpla con los estándares técnicos y la normativa ambiental vigente. Señaló que la ausencia de permisos no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también amenaza los recursos naturales esenciales para el equilibrio ecológico.
En sus declaraciones, Martínez enfatizó que en 2025 la CAR tiene previsto intensificar los operativos de vigilancia y control. Este esfuerzo se realizará en colaboración con otras entidades y autoridades, para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y fomentar una minería responsable y sostenible en la región.
