Desde el epicentro de la justicia colombiana, se ha recibido la formalización de la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la exfuncionaria Cecilia Álvarez, quien fuera Ministra de Transporte, por presuntos actos indebidos en la firma de contratos durante su mandato. Este caso emerge de una de las múltiples aristas complejas del expediente Odebrecht, que está relacionado con el actuar de altos funcionarios durante la época de sobornos e irregularidades por parte de la constructora brasileña.
El enfoque de la investigación, según comunicó la Fiscalía, ha girado en torno a la presunta responsabilidad de Álvarez, quien habría dado su aprobación a la irregular ejecución de las modificaciones 3 y 6 al contrato de Ruta del Sol II. Este segmento es parte esencial de una vía clave, que conecta la región central del país con la Costa Caribe.
En el marco de estas modificaciones, la justicia ha certificado la inclusión del tramo Ocaña – Gamarra, que no se encontraba en el diseño original de la vía. Según la investigación, Álvarez habría ignorado normas contractuales, leyes e incluso una consulta de la Sala del Consejo de Estado sobre la Ruta del Sol II.
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El procedimiento legal seguirá su curso con la programación de la audiencia de acusación a cargo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal encargado de este caso.
Aunque los detalles de este proceso legal no son completamente claros, nuestro medio estuvo presente en la audiencia de imputación contra Álvarez el pasado 6 de julio. Las pruebas presentadas por la Fiscalía indicarían que Álvarez, durante el período comprendido entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, habría beneficiado a ciertos actores con intereses en la construcción del nuevo tramo y la instalación de peajes.
En una nota final, es importante señalar que la Procuraduría absolvió a Álvarez y a su pareja, Gina Parody, quien también es exministra de Educación. La Procuraduría sostuvo que "miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, ni tampoco de las que la integraban".
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