En un detallado informe preliminar, la Contraloría de Cundinamarca subraya una inquietante tendencia en la asignación presupuestal destinada a la protección del agua y los recursos ambientales en el departamento. Durante el año 2023, únicamente se asignó el 2.06 % del presupuesto a temas ambientales. Aunque este porcentaje refleja un incremento en comparación con el 1.47 % del año anterior, la cifra sigue siendo inferior al mínimo del 3 % recomendado por expertos.
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Particularmente, las provincias de Almeidas, conocida por ser la cuna del río Bogotá, Alto Magdalena y Tequendama han reducido su inversión en estas áreas críticas. Esta reducción se da en un contexto donde el cambio climático presenta riesgos significativos para los recursos naturales en la región.
Crisis en acceso a agua potable y alcantarillado
El informe revela que apenas el 59.78 % de los habitantes de Cundinamarca tiene acceso a agua potable. Este problema es especialmente grave en áreas rurales como Bituima, Yacopí y Silvania, donde la calidad del agua es deficiente. En las zonas urbanas, los municipios de Anapoima, Machetá y Apulo se enfrentan a los peores indicadores de acceso.
En cuanto a la infraestructura de alcantarillado, la provincia de Rionegro muestra la menor cobertura. Municipios como Sopó, Chía y Facatativá tienen serias carencias en el tratamiento de vertimientos, lo que impacta negativamente a los cuerpos de agua circundantes.
Evaluación del avance en la recuperación del río Bogotá
La Contraloría ha realizado un seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que exige la recuperación del río Bogotá. A pesar de haberse invertido más de 205 mil millones de pesos en esta misión, menos del 50 % de los 18 municipios involucrados han mejorado significativamente el tratamiento de aguas residuales. Chía, Cajicá y Nemocón están entre los municipios que muestran un progreso limitado.
Urgencia en priorizar la protección ambiental
Ante estos hallazgos, la Contraloría llama a los municipios cundinamarqueses a intensificar sus esfuerzos en la protección de los recursos hídricos. La responsabilidad legal y ambiental debe ser más visible en las políticas locales. Se espera que en diciembre se publique un informe final que proporcionará un análisis exhaustivo de la situación ambiental en cada municipio.
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