En medio del debate económico que atraviesa Colombia, una revelación por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, en un encuentro en la ciudad de Cali, pone en perspectiva los desafíos financieros futuros para la rama judicial del país. Osuna confirmó un recorte en el presupuesto de justicia para el 2024, una medida anunciada previamente por el presidente Gustavo Petro que ronda los 6,5 billones de pesos.
Este ajuste presupuestario fue objeto de discusión y preocupación entre miembros de la judicatura, quienes ven en él una posible amenaza para la independencia y eficacia de este poder del Estado. El magistrado Fernando Castillo, en los Premios Excelencia en la Justicia, enfatizó la independencia judicial como una salvaguarda de las democracias contra el despotismo y el autoritarismo y ha calificado de "inaceptable" cualquier acción que menoscabe este principio.
La reducción del presupuesto, que impactará a varias ramas del poder público en Colombia, responde a una proyección de baja en la tributación para el próximo año, según explicaciones de Osuna. Ante la inquietud expresada principalmente por los presidentes de las altas cortes, el ministro afirmó que la medida es necesaria pero se comprometió a trabajar para mitigar al máximo los efectos negativos que pueda acarrear.
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Durante el conversatorio en la cumbre de Justicia, llevada a cabo en Cali, Osuna delineó no solo el escenario fiscal adverso sino también otros retos que encara el sistema de justicia colombiano. En su cuenta de X, señaló la necesidad imperante de más jueces rigurosos, despachos judiciales en regiones donde no existen, así como un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos, aplaudiendo la creación de juzgados agrarios y rurales.
Este escenario presupuestal se complica tras el fallo del 17 de noviembre por parte de la Corte Constitucional, el cual anula un artículo clave de la última reforma tributaria. El artículo 19, que impedía deducir las regalías de las industrias extractivas de la base gravable del impuesto de renta, fue considerado contrario a los principios de equidad tributaria de la Constitución de 1991. Esto supone un revés financiero significativo y, como ha advertido el presidente Petro, abre un hueco fiscal considerable en el presupuesto del año 2024.
La decisión de la Corte Constitucional se basa en un minucioso análisis de precedentes judiciales sobre la deducción de costos específicos y se ha justificado en el marco de los límites constitucionales a la potestad del Congreso para modificar aspectos tributarios. En respuesta a esta anulación, Petro afirmó que corresponderá al ministro de Hacienda efectuar recortes en el presupuesto de las diferentes ramas del poder público para afrontar el déficit fiscal que esta sentencia provocará.
Este escenario financiero en constante evolución, y su posible impacto en la operatividad de uno de los pilares fundamentales de la democracia, es monitoreado de cerca por el cuerpo legislativo y judicial de Colombia, así como por los ciudadanos que demandan justicia pronta y efectiva. El compromiso del ministro Osuna de emplear todos los recursos disponibles para garantizar un ajuste lo menos traumático posible es una muestra de la complejidad y la gravedad de las decisiones económicas y su efecto en la sociedad.
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