El panorama del sistema energético colombiano está atravesando un momento crítico, según el último informe de la Contraloría General de la República, el cual pone de manifiesto la carencia de expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Dicha situación, que ha encendido las alarmas sobre un potencial "apagón institucional", podría tener consecuencias significativas tanto para las arcas del Estado como para el bolsillo de los consumidores.
La importancia de la CREG radica en su capacidad de regular las tarifas, más aún con la reciente confirmación del Fenómeno del Niño en el territorio nacional. Caracol Radio ha destacado que sin el número necesario de comisionados, la CREG se encuentra impedida para tomar decisiones esenciales. La urgencia de la designación de estos comisionados ha sido subrayada por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), quienes advierten sobre los posibles efectos en el costo de las facturas de servicios si no se actúa a tiempo.
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La Contraloría también enfatiza el peligro que supone el término de la vigencia de la resolución que promueve "tarifas justas" en el suministro eléctrico. Este documento clave, cuyo propósito era postergar el cobro efectivo y contener un posible apagón financiero en el sector, actualmente no tiene una alternativa de reemplazo, lo cual amenaza con un impacto directo a los hogares más vulnerables.
Estos hechos podrían derivar en incrementos inesperados que, de acuerdo con la Contraloría, superarían el 15% para el servicio de energía, en particular en áreas como la costa Caribe. El escenario se complica ante la posibilidad de tener que aumentar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 mediante el Fondo de Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), una eventualidad no contemplada en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Para contextualizar, un hogar promedio que destina cerca de 300 mil pesos mensuales en su factura de energía podría verse enfrentando un aumento de hasta 45 mil pesos debido a estos imprevistos regulatorios.
Como colofón, el ente contralor respondió a una inquietud del presidente Petro acerca del destino de los subsidios energéticos asignados a Electricaribe, señalando que la empresa garantizó la suma de $187.227 millones mediante Garantía Bancaria con BBVA, en defensa del interés público y como parte de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal.
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