El Consejo de Estado de Colombia ha dado un paso significativo al admitir la demanda interpuesta por Carlos Ardila, miembro de la Cámara de Representantes. Este movimiento legal pone en cuestionamiento el Decreto 380, implementado en abril de 2021, que marcó el regreso de la estrategia de aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en el país. Ardila busca, mediante su acción legal, anular dicho decreto por considerarlo perjudicial para la salud pública y el medio ambiente.
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El decreto en discusión, diseñado para regular el manejo de riesgos asociados a la aspersión aérea de glifosato, ha generado un amplio debate, tanto a nivel nacional como internacional, sobre las implicaciones de esta práctica en la erradicación de cultivos de uso ilícito. El método, reinstaurado por el Gobierno Nacional, forma parte de una política más amplia para combatir las drogas en Colombia.
La demanda de Ardila se dirige no solo contra la Nación y el Ministerio de Justicia, sino también involucra a varios ministerios y entidades gubernamentales responsables de la expedición y apoyo del decreto. Entre ellos, se encuentran los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como la Subdirección del Departamento Administrativo de la Función Pública.
La aceptación de esta demanda por parte del Consejo de Estado abre una ventana de treinta días durante la cual el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Justicia, deberá ofrecer una respuesta formal. Este período también permite la proposición de excepciones, la solicitud de pruebas adicionales y la posibilidad de convocar garantías.
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