En un reciente informe emitido por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), se ha puesto en evidencia una preocupante situación en el sistema de salud colombiano: la mayoría de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no poseen las reservas técnicas necesarias para garantizar la cobertura y la continuidad en la prestación de servicios médicos a sus afiliados. Este hallazgo alerta sobre el riesgo financiero y la estabilidad dentro del sector salud del país.
La revisión de la Supersalud revela que, de 24 EPS, 20 no cuentan con la solvencia requerida, contrariando así el Decreto 995 de 2022, el cual estipula que dichas reservas son fundamentales para asegurar el pago de los servicios ya reconocidos y aquellos que puedan surgir, incluyendo incapacidades por enfermedad general. Dicho de otro modo, las reservas técnicas son el colchón financiero para imprevistos y servicios futuros.
El presidente Gustavo Petro resaltó que solo cuatro EPS han cumplido con la obligación legal de mantener un respaldo en recursos líquidos suficientes. La gravedad de este incumplimiento afecta directamente a los ciudadanos, quienes podrían verse enfrentados a un sistema de salud sin la capacidad de responder a sus necesidades.
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Es relevante señalar que el "faltante histórico" en reservas ha escalado dramáticamente, de 5 billones de pesos, en 2014, al preocupante monto actual de 12,4 billones de pesos. Este déficit fue supuestamente a ser cubierto en un periodo de siete años, plazo que venció en diciembre de 2021, sin lograr el objetivo propuesto.
La lista de EPS señaladas por tener insuficiencia en sus reservas técnicas incluye nombres como Sura, Sanitas, Compensar, y Nueva EPS, entre otras. A junio de 2023, se registró una reserva técnica conjunta de 18 billones de pesos, pero con sólo 6,3 billones de pesos disponibles, lo que arroja una significativa brecha financiera.
Alfredo Mondragón Garzón, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y miembro del Pacto Histórico, ha hecho un llamado a la Contraloría General de la República y a la Supersalud para investigar la situación, enfocándose en posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a las reservas técnicas. La Supersalud ya ha trasladado la denuncia a la Delegada para Investigaciones Administrativas, indicando un paso activo hacia la clarificación y el remedio de esta circunstancia.
Este escenario plantea interrogantes acerca de la gestión pasada y presente de las EPS, así como de las consecuencias en la atención y seguridad de los usuarios del sistema de salud. La necesidad de una supervisión más rigurosa y de medidas correctivas inmediatas es evidente para salvaguardar el bienestar de millones de colombianos que confían en su sistema de salud para la atención de sus necesidades médicas.
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