En un hito para la justicia internacional, el expresidente colombiano Álvaro Uribe enfrenta una investigación en Argentina vinculada con los trágicos sucesos conocidos como "falsos positivos". Once víctimas junto a tres entidades de defensa de derechos humanos de Colombia han apelado a la jurisdicción Universal en Buenos Aires para que se examine su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, formalizada el 7 de noviembre de 2023 ante el Juzgado Federal 2, dirigido por el Juez instructor Sebastián Ramos, no solo busca justicia, sino también la verdad detrás de los 6.402 casos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos hechos, ejecutados presuntamente en su mayoría durante el mandato de Uribe (2002-2010), están marcados por asesinatos y desapariciones forzadas ejecutadas por agentes del Estado, presentados falsamente como combates victoriosos contra guerrilleros.
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Las organizaciones que impulsan esta iniciativa legal son el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), unidos en el "Espacio de Litigio Estratégico". Buscan explorar las posibilidades del derecho internacional para responsabilizar a los actores involucrados, incluso cuando las instancias locales no ofrecen esperanza de justicia.
El sistema judicial argentino, reconocido por su firme aplicación de la jurisdicción Universal, sostiene que los delitos de gravedad deben juzgarse sin importar la nacionalidad de los autores o víctimas. Este enfoque persigue garantizar que los delitos de magnitud internacional no queden impunes, independientemente de dónde se cometan.
Por su parte, Álvaro Uribe ha reiterado en diversas ocasiones que durante su gobierno se dio respuesta institucional a los casos de 'falsos positivos' que llegaron a su conocimiento. Subraya que bajo su administración muchos responsables fueron excluidos de las Fuerzas Armadas y enfrentaron prisión al final de su gobierno.
El caso se encuentra en etapa inicial, con la comunidad internacional atenta al desarrollo de los acontecimientos. Se espera que el proceso aporte claridad a un capítulo oscuro en la historia reciente de Colombia y contribuya al avance de la justicia global.
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