En una inesperada vuelta de los acontecimientos, lo que parecía ser un monumental aseguramiento de activos procedentes del narcotráfico se ha transformado en una serie de capítulos dignos de una novela de crimen y corrupción, que involucran falsificación, robo y extorsión. En 2019, una fortuna que pertenecía a Carlos Felipe Toro, conocido como Pipe Montoya o el Caballista, fue confiscada, pero los últimos desarrollos revelan una trama donde los guardianes se convirtieron en perpetradores.
Los activos en cuestión incluían 69 lujosos relojes y 10 lingotes de oro, valorados en conjunto por encima de los mil trescientos millones de pesos. Dichos bienes se encontraron bajo la protección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero, lejos de estar seguros, acabaron siendo el objeto de un intrincado delito.
La lista de implicados en este drama es extensa y diversa, englobando a jueces, fiscales y policías. La Fiscalía ha destapado una red interna de corrupción en la cual se vieron involucrados miembros de la Dijín y la propia Fiscalía, quienes participaban en un esquema de extorsiones judiciales, afectando incluso a Toro y su esposa, capturados injustamente en el allanamiento que resultó ilegal.
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La subteniente Mónica Alejandra Vanegas de la Dijín añadió otra capa al caso al denunciar que se falsificó su firma para autorizar interceptaciones telefónicas y legitimar el operativo de captura de Toro y su consortes. Todo esto desembocó en el hallazgo de que los lingotes de oro eran falsificaciones hechas de lata y que los relojes eran imitaciones baratas.
Con respecto a los profesionales de la ley bajo la lupa, figuran los exfiscales de extinción de dominio, Nicolás Sotomonte y David Oliveros, acusados de colaborar en el robo. La jueza 80 de garantías de Bogotá y la fiscal de Lavado de Activos también están siendo investigadas por un posible volteo de mesa en el proceso legal contra el exnarcotraficante y su esposa.
Sumado a esto, la vigilancia de los bienes confiscados fue asignada a un funcionario de la SAE durante tres meses, periodo en el cual se afirma que no hubo seguimiento adecuado que garantizara la custodia efectiva de estos. La ausencia de una cadena de custodia y el registro incorrecto de los bienes han sembrado dudas sobre la transparencia y eficacia del proceso de incautación.
A pesar de que la fortuna ha desaparecido de las cajas de seguridad donde estaba almacenada, el caso continúa abierto y las investigaciones avanzan para esclarecer el papel de cada uno de los implicados. Lo que empezó como un éxito en la lucha contra el crimen derivó en un laberinto de corrupción y desfalco, poniendo de manifiesto los desafíos y vulnerabilidades del sistema de justicia en el manejo de bienes incautados a criminales.
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