El pastor Carlos Quejada Santos podría abandonar las rejas nuevamente tras una decisión judicial que ha revocado la imputación previa por un caso de presunto abuso sexual. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería acogió los argumentos de la defensa que señalaban falta de claridad en los hechos descritos durante la imputación del 14 de julio, valorando la precisión en la narrativa de los acontecimientos como un componente esencial para un proceso justo, tal y como reportó La W Radio.
Los detalles que han desencadenado esta reversión judicial se remontan a junio de 2022, cuando Quejada Santos habría realizado toques de índole sexual a una joven menor de 17 años en el sector de Cantaclaro, en Montería. La madre de la adolescente llevó el caso a la luz, desencadenando el proceso legal que enfrenta el pastor.
En una secuencia de eventos procedimentales, la defensa encabezada por José Antonio Ruiz Verbel, identificó y desafió la imputación bajo la premisa de violaciones al debido proceso. A pesar de ello, la Fiscalía y la representación legal de la presunta víctima no han dejado de luchar y han apelado la decisión, trasladando la resolución definitiva al Tribunal Superior de Montería.
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El caso toma un tono más grave al considerar el entorno en el que se dieron los hechos; la presunta afectada era parte de la congregación dirigida por Quejada Santos, por lo que las autoridades han enfatizado la necesidad de evaluar el riesgo potencial que puede representar para sus feligreses y la comunidad.
La presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicte sentencia, pero es crucial resaltar que Quejada Santos no es ajeno a los procedimientos judiciales. En un lamentable episodio anterior, estuvo relacionado con el caso de feminicidio de Nataly Salas Ruiz, aunque posteriormente fue exonerado.
Esta situación reitera las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de las mujeres en Montería, llevando incluso al Concejo Municipal a desarrollar políticas dedicadas a la erradicación de crímenes de género y al establecimiento del 3 de diciembre como un día de concientización y rechazo al feminicidio, en memoria de Nataly.
La comunidad espera con gran expectativa la evolución de este caso, que ha revivido el debate sobre la administración de justicia y el debido proceso, aspectos fundamentales en cualquier sociedad que busca la equidad y la transparencia en sus instituciones judiciales. La resolución del Tribunal Superior será un siguiente paso crucial en esta cadena de eventos que tiene en vilo no solo a los implicados sino a toda la opinión pública interesada en la integridad del sistema judicial.
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