En una jugada inesperada, el Congreso de la República establece una nueva cronología para designar a la persona que ocupará la posición de contralor General de la República, con el cometido de supervisar la rectitud en el manejo de los recursos públicos. El proceso, que supone una transición crucial para el órgano de control, se ha fijado para el 7 de marzo de 2024, informó la mesa directiva del Congreso.
La selección del sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, cuya elección fue invalidada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se encuentra pendiente desde mayo del año en curso. No obstante, la operación de elección se posterga hasta el siguiente año para asegurar un proceso transparente y justo. La prueba de conocimientos, a cargo de la Universidad Nacional, será la piedra angular en la elección de los candidatos.
Carlos Zuluaga sigue en el rol de contralor (e), siendo el puente entre la gestión anterior y la futura administración, la cual tendrá la tarea de liderar la institución hasta 2026. La resolución 002 del Congreso se encargó de dictar el nuevo camino a seguir, según palabras del secretario general del Congreso, Gregorio Eljach Pacheco.
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Esta decisión surge tras la recomendación de Iván Name y Andrés Calle Aguas, cabezas del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, quienes acordaron que el breve margen restante del año no sería adecuado para iniciar el proceso con la diligencia necesaria.
Es crucial mencionar que aún se está en proceso de formalizar los detalles con la entidad académica encargada del examen de conocimientos, paso esencial antes de abrir la convocatoria.
El anuncio trae consigo la especulación sobre si esta estrategia de tiempo estaba diseñada para beneficiar al anterior contralor, Rodríguez, quien aún busca revertir la anulación a través de acciones judiciales. Pese a esto, la prolongación del proceso de elección parece no ser favorable para sus aspiraciones.
La expectativa aumenta a medida que el Consejo de Estado presionó al Congreso para agilizar el proceso de selección. Sin embargo, se ha optado por conceder una extensión adicional de cuatro meses, en búsqueda de una transición metódica y sobre todo, legal.
La atención sobre esta dilatación fue puntualizada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, quien incluso ha iniciado un incidente de desacato contra la dirección del Congreso por no acatar en tiempo el mandato del Consejo de Estado.
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