En un giro inesperado, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria que involucra a seis miembros del cuerpo policial, por presuntos actos que desafían los protocolos establecidos. Este es un caso que resalta la importancia del uso adecuado de la autoridad y el seguimiento estricto de los procedimientos legales en operaciones de inteligencia.
Las personas en el ojo del huracán son dos oficiales de alto rango, un capitán y varios miembros de rangos inferiores, quienes están bajo escrutinio por actuar más allá de los límites de su competencia y deberes oficiales. Estos agentes incluyen a los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada; el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua; y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y Jhon Fredy Morales Cárdenas.
El comienzo de esta controversia se remonta a un incidente de robo en la residencia de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, evento que dio pie a una serie de interceptaciones telefónicas. Según la entidad de control, las líneas de Marelbys Meza, Fabiola Perea y un allegado a la primera, fueron objeto de seguimiento y vigilancia sin observar la realidad documental que respaldara dichas acciones.
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Con fecha del 30 de enero de 2023, se informa de una solicitud realizada por un miembro del Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencia Organizada (GREDO) de la Policía a un fiscal de Quibdó. Esta solicitud implicaba la interceptación de las comunicaciones de quienes se creía eran integrantes del Clan del Golfo, identificados bajo los alias de “la cocinera” y “la madrina”. Sin embargo, la realidad era otra, y las líneas intervenidas correspondían a las extrabajadoras de Sarabia.
La Procuraduría está indagando los detalles en torno a la emisión de documentos con irregularidades y el posible desvío de los protocolos institucionales que rigen la recepción y análisis de las comunicaciones interceptadas, así como el decreto de otras funciones policiales.
Para esclarecer los hechos, se ha solicitado una serie de documentos que incluyen el detalle de las funciones exactas que cumplían los implicados durante el incidente y los informes sobre las actividades de investigación, verificaciones y otras tareas relacionadas.
Este caso subraya la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en la ejecución de sus operaciones, manteniendo siempre la integridad y el apego a las normativas legales, para proteger no solo la seguridad del Estado sino también los derechos de los ciudadanos. La indagación de la Procuraduría sigue en curso, y se espera que los resultados ofrezcan luz sobre las circunstancias y responsabilidades en esta anomalía procesal.
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