Las comunidades indígenas de Colombia han adquirido un papel preponderante en la protección del medio ambiente gracias al Decreto 1275 de 2024, una normativa que redefine su autoridad en sus territorios. Esta medida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmada recientemente en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro, eleva a las comunidades indígenas al mismo nivel de autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), facilitando una gestión más equilibrada y sostenible de los ecosistemas.
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El Decreto 1275 surge en respuesta a las críticas que han recibido las CAR por presuntos actos de corrupción y mala gestión que habrían comprometido la conservación de la naturaleza. Gustavo Petro expresó que muchas de estas entidades no han cumplido efectivamente su papel de protección ambiental, acusándolas de sucumbir ante intereses que propician la destrucción ecológica.
Esta nueva normativa no solo otorga mayor autonomía a las comunidades indígenas, sino que también formaliza su participación en la planificación y ejecución de políticas ambientales. Las autoridades indígenas podrán trabajar en coordinación con otros organismos gubernamentales para aplicar principios clave como la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad en la protección de los recursos naturales.
Con el fin de promover un enfoque inclusivo y colaborativo, el Decreto busca integrar el vasto conocimiento ancestral de los pueblos indígenas con las estrategias modernas de conservación. Las comunidades indígenas son reconocidas por su profunda conexión y respeto por la Madre Tierra, cualidades que ahora se pondrán al servicio del bienestar ecológico del país.
El presidente Petro advirtió que la implementación de este Decreto podría enfrentar resistencia, señalando que sectores tradicionalistas podrían intentar revocarlo. Sin embargo, afirmó con determinación que, en caso de ser anulado, volverá a promoverlo hasta lograr su aceptación, ya que considera esencial el equilibrio que los pueblos indígenas pueden aportar a la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Además, Petro hizo hincapié en que las comunidades indígenas históricamente han resistido la explotación indebida de recursos, destacando su papel como guardianes de la tierra frente a la industria de combustibles fósiles. Esta resistencia, argumentó, es prueba de su compromiso con la preservación del planeta.
De esta manera, el Decreto 1275 se perfila como un paso significativo hacia la descentralización de la gestión ambiental, ampliando las oportunidades para que las comunidades locales participen activamente en decisiones que afectan su entorno y estilo de vida. Al integrar saberes tradicionales con políticas públicas, se espera fortalecer la protección de los ecosistemas y promover un desarrollo más armonioso y sostenible en Colombia.
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