Un juez de conocimiento impuso una sentencia de 16 años de prisión al abogado Carlos Eduardo Ochoa Moreno, implicado en un esquema de corrupción que benefició de manera irregular a 1.607 docentes en el marco de la pensión. La sentencia se fundamentó en pruebas que vinculan al acusado con delitos de peculado por apropiación y estafa agravada.
La investigación, que abarcó hechos cometidos entre 2010 y 2014, reveló el funcionamiento de una red ilegal dirigida por Ochoa Moreno y colaboradores. Durante este periodo, se estableció un mecanismo fraudulento que consistió en el uso de documentación adulterada para gestionar reconocimientos y reliquidaciones irregulares de la pensión destinada a docentes.
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Diversos documentos falsificados fueron empleados para sustentar las reclamaciones presentadas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Entre ellos se encuentran:
• Historias laborales alteradas
• Certificados salariales espurios
• Otros documentos apócrifos
La pensión gracia es un beneficio exclusivo para docentes que cumplen requisitos específicos. Las evidencias presentadas por la Fiscalía señalaron que los beneficiarios del fraude no cumplían con las condiciones establecidas, que incluyen:
• Tener más de 50 años de edad.
• Contar con un historial laboral ininterrumpido de al menos 20 años.
• No percibir otra pensión o beneficio estatal.
Grave impacto financiero 16 años de prisión y sanciones adicionales en el caso de fraude pensional
La investigación también puso de manifiesto el grave impacto financiero que generó este esquema. Se estima que el detrimento patrimonial ocasionado al Estado superó los 34.000 millones de pesos, afectando directamente a entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), responsable de administrar y controlar estos recursos.
Además de la condena principal, el juez ordenó la captura inmediata de Ochoa Moreno para que cumpla la pena en un centro carcelario ubicado en Bogotá. La sentencia incluye sanciones adicionales, entre ellas, una inhabilitación para ejercer funciones públicas o la profesión de abogado durante 188 meses, reforzando la severidad de la medida.
En términos económicos, se impuso al acusado una multa que equivale a 1.631 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2014, en un intento por resarcir el perjuicio económico causado al erario público. Este componente sancionador complementa la condena de privación de la libertad.
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La defensa del abogado ya ha interpuesto recurso de apelación, lo que llevará el caso a una instancia superior para una revisión de la sentencia. Mientras este proceso se encuentra en curso, las autoridades judiciales mantienen su compromiso de seguir de cerca el avance del recurso.
Paralelamente al juicio, la Fiscalía continúa con las pesquisas para identificar a otros potenciales participantes en el esquema fraudulento. Las investigaciones se realizan con el objetivo de ampliar el alcance de la rendición de cuentas y fortalecer las medidas preventivas frente a este tipo de prácticas ilícitas.
