En lo que parece ser un eco resonante del pasado corrupto, la figura del exsenador Mario Castaño Pérez, condenado por sus delitos contra la administración pública, parece encontrar reflejo en la conducta actual de otros miembros del Congreso. Documentos provenientes de la Fiscalía sugieren que cinco congresistas podrían estar replicando prácticas indebidas con la finalidad de fortalecer su influencia política a través de recursos destinados para la paz.
Los nombres de estos legisladores han salido a la luz en un expediente que detalla la presunta configuración de una red ilícitamente engranada en diversas entidades estatales. Su finalidad no sería otra que la de desviar fondos públicos para incrementar su apoyo electoral en zonas claves.
El más reciente capítulo de esta saga tuvo lugar con la detención del senador Ciro Ramírez, perteneciente al partido Centro Democrático, quien tras su arresto el pasado 14 de diciembre, enfrenta un proceso legal que incluye cargos como concierto para delinquir, cohecho y un indebido interés en la celebración de contratos.
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Pero ¿quiénes son los otros políticos citados en este caso? Los registros presentan a figuras como:
1. Samy Merheg del Partido Conservador, con raíces en Pereira.
2. Carlos Motoa, también vinculado al escándalo.
3. Juan Lemos, implicado en la investigación.
4. Carlos Jiménez, otro nombre en la lista.
5. Miguel Ángel Barreto, completando el grupo de señalados.
Merheg, con una base de 97.519 votos obtenidos en las elecciones de 2022, es conocido en su localidad por su experiencia como empresario en los ámbitos de la construcción y las telecomunicaciones, además de su historial legislativo de cuatro periodos.
La Fiscalía se mantiene vigilante ante cada congresista implicado, advirtiendo que detrás de cada uno podría haber operaciones destinadas a beneficiarse ilícitamente de fondos estatales.
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