En un contexto donde la ley estatutaria de educación, que pretendía establecer la educación como un derecho fundamental en todos los niveles, no logró avanzar en el Congreso, otra norma de vital importancia para el sector educativo ha sido aprobada.
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La recientemente aprobada Ley 172/23 tiene como principal objetivo “garantizar la gratuidad para la admisión y derechos de grado en universidades públicas”. Esta legislación beneficiará a diversos grupos de la población:
1. Estudiantes clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén IV.
2. Miembros de grupos étnicos.
3. Población campesina.
4. Víctimas del conflicto armado.
5. Personas con discapacidades.
El proyecto fue presentado por un conjunto de congresistas liderados por Ana María Castañeda, representante del partido Cambio Radical, y ha recibido el respaldo explícito del Ministerio de Educación. Según esta cartera, la norma se encuentra “alineada con las políticas de gratuidad en la matrícula y facilidad de acceso a formación superior para las poblaciones más vulnerables del país”.
Ana María Castañeda destaca que la ley también busca “aliviar la carga financiera de los jóvenes que ya terminaron su carrera universitaria, y que se ganaron su derecho a graduarse con esfuerzo y dedicación académica, pues con esta ley, ya no tendrán que pagar por él”.
Actualmente, los derechos de grado en universidades públicas tienen un promedio de costo de aproximadamente un millón de pesos. La eliminación de este pago representa una significativa reducción en los costos educativos para muchos estudiantes y sus familias, permitiéndoles enfocarse en otros aspectos cruciales de su formación profesional y personal.
Esta ley no solo es un paso significativo hacia la equidad en la educación superior, sino que también abre nuevas oportunidades para aquellos que, debido a limitaciones económicas, veían obstaculizado su acceso a la culminación de sus estudios universitarios.
Cabe resaltar que la implementación efectiva de esta ley requerirá un seguimiento constante y la colaboración de las instituciones educativas y los organismos gubernamentales pertinentes para asegurar que los beneficios lleguen a quienes están destinados.
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