El Congreso de Colombia ha aprobado una ley para regular el ruido y combatir la contaminación acústica en el país. La norma, que ya ha superado su cuarto y definitivo debate en la plenaria del Senado, busca unificar y modernizar las reglas vigentes sobre el ruido, también incrementa las sanciones para aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas. Este movimiento se produce en un ambiente de aprobación irónicamente ruidoso, alcanzando decibelios que rebasan los 90, un nivel considerado perjudicial según la Organización Mundial de la Salud.
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El proyecto de ley, spearheaded por el representante antioqueño Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, ha sido un esfuerzo prolongado de más de dos años. Durante este tiempo, Carvalho colaboró estrechamente con ciudadanos, expertos e instituciones para diseñar una normativa que no solo reorganiza las 17 leyes dispersas en torno al ruido, sino que también aclara las responsabilidades de las autoridades y establece una ruta clara para la atención de quejas. La legislación tiene como objetivo cambiar el panorama sonoro de una nación conocida por su bullicio cultural, brindando un respiro a los afectados por la contaminación acústica.
Desde 2006, Colombia había establecido límites de emisión de ruido para diferentes sectores, pero, según el proyecto de ley, un cuarto de la población urbana de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sigue expuesta a niveles que superan dichos límites. Esta exposición se debe a factores como el tráfico, motocicletas modificadas y celebraciones ruidosas. Un caso notable es la alborada en Medellín, donde la pólvora eleva los niveles de ruido a más de 70 decibelios en ciertos sectores. La falta de herramientas y procedimientos claros por parte de las autoridades ha sido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, impidiendo una gestión eficaz del problema.
Camilo Quintero, abogado y uno de los técnicos detrás de la ley, describe la odisea de los ciudadanos al intentar denunciar el ruido excesivo como una “ruta de la muerte,” señalando la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales. La nueva ley pretende remediar esta situación mediante la emisión, por parte del Gobierno Nacional, de una política integral de calidad acústica en el plazo de un año. Esta tarea será liderada por el Departamento Nacional de Planeación junto con los ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, y el IDEAM, con el fin de unificar las normas actualmente esparcidas en múltiples resoluciones y decretos.
Además, se ha asignado al Ministerio de Ambiente la tarea de revisar y actualizar los niveles máximos de ruido establecidos hace casi dos décadas. El objetivo es desarrollar nuevas normas que incluyan indicadores para evaluar adecuadamente la contaminación acústica, la creación de mapas estratégicos de ruido y la definición de zonas acústicamente saturadas que requerirán medidas especiales. Esta actualización se espera que se complete en 18 meses.
La responsabilidad de manejar el ruido no solo recae en el gobierno nacional, sino que también involucra a las alcaldías de municipios con más de 100,000 habitantes. Estas deberán desarrollar planes de acción específicos para abordar la contaminación acústica en sus territorios. Al mismo tiempo, se dará especial atención a personas del espectro autista, quienes son particularmente sensibles al ruido. También se espera la colaboración del Ministerio de Transporte para reducir el ruido del tráfico y de las alcaldías para gestionar el generado por grandes eventos. Quintero enfatiza que este es solo el comienzo de un compromiso de dos años para regular efectivamente el ruido en el país.
La creación de un subsistema de vigilancia de calidad acústica se destaca como una de las iniciativas clave de la nueva ley. Este subsistema proporcionará datos en tiempo real sobre los niveles de ruido a través de una plataforma digital, similar al mapa de ruido del área metropolitana del Valle de Aburrá. Además, habrá un enfoque en campañas de sensibilización pública, dirigidas a cambiar las percepciones culturales del ruido como un problema menor.
Con la ratificación presidencial pendiente, las multas por violar las disposiciones de la ley se incrementarán significativamente. El costo de alterar la paz de un vecindario se duplicará de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Las sanciones abarcan no solo las propiedades horizontales, sino también otros sectores residenciales, urbanos y rurales. De acuerdo con Quintero, los agentes de autoridad podrán utilizar diversos tipos de pruebas, más allá del tradicional sonómetro, para imponer sanciones.
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