La reciente investigación de la Contraloría de Cundinamarca ha puesto en perspectiva el impacto económico generado por una infracción ambiental en Tibacuy, generando interés en la administración municipal y en la comunidad. La inspección inicial se derivó del pago de una sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), producto de vertimientos no autorizados.
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Entre los hechos reportados se destaca que la planta de aguas residuales del municipio incurrió en la disposición de efluentes sin tratamiento y sin permisos en la vereda San Luis. Los estudios realizados evidenciaron que, entre 2013 y 2015, se presentaron irregularidades ambientales que han marcado el escenario actual en dicho territorio.
La multa, que asciende a $55.149.435, representa un detrimento patrimonial que ha impactado significativamente en las finanzas públicas locales. Este hecho ha conducido a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, cuyo objetivo es determinar si existió una gestión inadecuada en el manejo de los recursos municipales.
Se han identificado los siguientes puntos clave en la controversia:
• Valor económico de la multa: $55.149.435.
• Periodo de inspección ambiental: 2013 – 2015.
• Lugar de incidencia: Vereda San Luis.
• Entidad sancionadora: CAR.
• Autoridad que investigará: Contraloría de Cundinamarca.
En respuesta a la sanción, las autoridades locales deben colaborar en el proceso de recolección y análisis de pruebas, enmarcado en lo establecido en la Ley 610 de 2000. Este procedimiento busca asegurar que el manejo de los recursos públicos se ajuste a la normativa vigente.
La Contraloría ha señalado que el objetivo principal es evaluar de forma precisa los hechos que llevaron a la aplicación de la multa, garantizando la transparencia en toda la actuación administrativa. Se espera que las investigaciones contribuyan a identificar responsabilidades y a fortalecer los mecanismos de control.
Finalmente, los funcionarios del municipio de Tibacuy están sujetos a los resultados de este proceso fiscal, el cual busca clarificar los aspectos técnicos y legales implicados en el manejo de la sanción ambiental. Esta medida evidencia el compromiso de las autoridades competentes en vel
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