El escenario financiero nacional ha tomado un giro inesperado tras la revelación de un informe por parte de la Contraloría General de la República (CGR), el cual ha detonado el inicio de una investigación preliminar sobre el Ministerio de Hacienda por un período de seis meses. El epicentro de esta indagación es una anomalía detectada el pasado viernes, que resultó en el desembolso múltiple de nóminas a servidores del Estado, un incidente que ahora está bajo la lupa para determinar posibles pérdida de fondos públicos.
La entidad reguladora se sumerge en la tarea de validar las acciones correctivas y aclaraciones ofrecidas por el jefe de la cartera financiera, Ricardo Bonilla. El funcionario ha señalado que el origen del desacierto se localiza en falencias con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), descartando la posibilidad de que haya sido producto de un ciberataque o un desliz humano.
Le puede interesar: Trabajadores de la Salud alzan la voz por su EPS Sanitas
Hasta el momento, se han identificado ocho entidades estatales perjudicadas, abarcando organismos tan diversos como la Procuraduría, la Presidencia (Dapre), y los Ministerios de Defensa y Salud. Es inminente la divulgación de un reporte exhaustivo, previsto para este lunes, que ilustrará tanto la magnitud del error como las medidas retractivas implementadas.
Para corregir el sobrepago, el Ministerio de Hacienda no actúa en solitario; cuenta con el respaldo instrumental del Banco de la República, la asociación Asobancaria y ejecutivos de las instituciones bancarias donde se detectaron las anomalías. Bonilla ha asegurado a los empleados públicos implicados que no se les aplicará la tarifa del cuatro por mil en las operaciones de reversión, al ser un procedimiento directo de las entidades financieras. Adicionalmente, los funcionarios que aún esperan sus pagos ordinarios recibirán sus salarios este lunes, sin falta.
El ministro no ha omitido la relevancia del incidente, reconociendo el malestar ocasionado a los servidores del Estado y enfatizando el carácter inadmisible de tal incidente, comprometiéndose a que una situación semejante “no puede volver a suceder”. Con el curso de la investigación en marcha, se espera que las conclusiones y lecciones aprendidas fortalezcan los protocolos y sistemas financieros del país.
Le recomendamos leer: Colombia: Investigación a Policías en Caso de Interceptaciones Telefónicas