Contraloría investiga manejo de dineros en el plan de vivienda en Granada, Cundinamarca. El organismo de control y vigilancia de los dineros oficiales “profirió fallo de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial”.
Sobre las posibles irregularidades en el manejo de $280 millones girados por las arcas del Estado con destino a un programa de vivienda de interés social, advirtió la C. de C. oficialmente.
Las anomalías se habrían registrado dentro de la ejecución del proyecto de Vivienda de Interés Social Villa Paula en la citada población a lo largo de los últimos meses.
Según la Contraloría de Cundinamarca, las posibles irregularidades fueron detectadas en desarrollo de recientes evaluaciones a las condiciones del programa destinado a atender inconvenientes sociales.
Contraloría investiga plan de vivienda
Informaciones preliminares observan que no encuentra claro lo sucedido con cinco contratos ejecutados por la Administración Municipal.
Los mismos reportes, concretamente, halló inconsistencias en “ajustes de los diseños urbanísticos iniciales y construcción de obras faltantes”. Igual sucede con algunos traslados del presupuesto municipal, cuya inversión no fue claramente establecida.
Ante esa circunstancia, la Contraloría de Cundinamarca emitió un “fallo de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial de 280 millones de pesos”. Lo anterior tiene que ver con la ejecución del proyecto de Vivienda de Interés Social Villa Paula, en Granada. Este fallo se da en el marco del control fiscal que ejerce la entidad según lo establecido por la Constitución Política.
En marzo pasado, una auditoría gubernamental reveló serias irregularidades en la ejecución del proyecto, que incluían viviendas parcialmente construidas con problemas de humedad. También encontraron inconvenientes de corrosión en los muros y otros signos de deterioro.
Los auditores identificaron un total de cinco contratos gestionados por la Administración Municipal, que cubrían desde la construcción de las viviendas hasta ajustes en los diseños urbanísticos y la ejecución de obras adicionales. Sin embargo, el uso del presupuesto municipal en estos contratos no fue claramente justificado.
Tras realizar las actuaciones administrativas correspondientes, el organismo de vigilancia concluyó que los recursos públicos destinados a este proyecto “no fueron manejados de manera responsable ni diligente”.
Lo anterior se tradujo en que las viviendas construidas no cumplían con su objetivo de beneficiar a la comunidad más vulnerable del municipio. A pesar de este fallo, la entidad también emitió decisiones sin responsabilidad fiscal para algunos de los investigados.
Sin embargo, el “fallo aún no ha quedado en firme, ya que se encuentra en proceso de los recursos legales correspondientes”.
