La construcción inconclusa del centro de salud de Gachancipá, ubicado en la provincia Sabana Centro de Cundinamarca, ha generado preocupación en distintos sectores, luego de que se revelara que el contratista encargado acumuló más de 2.500 millones de pesos en recursos sin cumplir con los avances estipulados. La figura del contratista Consorcio CSG y sus reiteradas demoras son ahora tema de atención en órganos de control y en el Congreso de la República, a partir de la denuncia presentada por la representante por Cundinamarca, Alexandra Vásquez.
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La información da cuenta de que, a pesar de haberse estipulado una ejecución del proyecto en 4 meses, el contrato firmado en octubre de 2019 ha experimentado retrasos notables, alcanzando tan solo un 11,61 % de avance en la construcción. El proyecto, cuyo presupuesto ascendería a 4.133 millones de pesos, se encuentra en suspenso de forma reiterada, lo que pone en evidencia inconsistencias en la planificación y ejecución. Se destaca que la suma financiera otorgada al contratista supera los 2.500 millones de pesos, dinero que aún no se refleja con avances significativos en la obra, generando inquietud por la posible malversación de recursos públicos.
El relato de la representante también evidencia que la comunidad de Gachancipá, con más de 21.000 habitantes, lleva años esperando la culminación de una obra que beneficiaría significativamente la prestación de servicios de salud básicos, primarios y urgentes. En este contexto, la queja se enmarca en una crítica por la falta de atención a observaciones previas. Habitantes del municipio ya habían señalado la inadecuada formulación inicial del proyecto, encabezada durante la administración del exalcalde José Joaquín Cubides, lo que derivó en decisiones contractuales controversiales.
Los hechos descritos se orientan hacia una problemática administrativa que vibra en el centro del debate público, resaltando problemas en la licitación y en el seguimiento a los pagos. La denuncia resalta situaciones en las que se han identificado documentos ilegibles e incluso faltantes, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso licitatorio. Se ha señalado que dichos documentos no permiten verificar el monto exacto que fue desembolsado por la administración municipal.
Entre las consecuencias que se derivan de este caso se identifican distintos problemas administrativos, financieros y de gobernanza. Asimismo, se ha hecho mención a antecedentes previos de algunos integrantes del Consorcio CSG. Por ejemplo, se ha destacado que:
• Construcciones e Ingeniería CRP SAS, representada por Cesar Augusto Ramírez Perdomo, presenta otra obra en Cundinamarca – el centro agroindustrial y de acopio de Cota – con suspensiones y retrasos.
• Otra integrante, Clara Alicia Guerrero, enfrentó sanciones por parte de la Contraloría General de la República en proyectos de infraestructura en Meta.
Dichos antecedentes refuerzan la necesidad de examinar meticulosamente los procesos de adjudicación y ejecución de obras públicas.
El hecho reviste importancia, ya que evidencia la incidencia de errores en la formulación de proyectos y la administración de los recursos públicos. La situación en Gachancipá se ha convertido en un tema de revisión por parte de los órganos de control, que buscan esclarecer la situación a fin de determinar la procedencia de las denuncias y, en última instancia, identificar las medidas correctivas oportunas.
La comunidad, la administración municipal y las entidades de control se encuentran en un proceso de verificación que podría influir en la reestructuración del proyecto, en aras de garantizar que los recursos sean canalizados de manera eficiente para la mejora de los servicios públicos de salud. La revisión abarca un análisis riguroso de los documentos presentados y exige mayor transparencia en la entrega y uso de los recursos asignados al proyecto.
El caso del centro de salud de Gachancipá ilustra la importancia de mantener procesos de licitación y supervisión de obras públicos con altos estándares de transparencia y responsabilidad, en un escenario donde cada detalle debe ser evaluado objetivamente para evitar consecuencias mayores en la administración de recursos públicos. Cada uno de estos elementos será fundamental en la búsqueda de la veracidad de los hechos y en la remediación de los procesos que, de existir fallas, pueden afectar la prestación de servicios esenciales a la comunidad.
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