En el municipio de Madrid, Cundinamarca, se ha generado un nuevo debate en torno a la tradición taurina, al anunciarse la realización de una corrida de toros para el 15 de marzo. El evento adquiere un matiz especial, dado que la polémica se centra en la vigencia de la "Ley No Más Olé", norma que prohíbe dichos espectáculos en Colombia, pero que no se aplicará hasta julio de 2027. La situación ha puesto en el centro de la discusión tanto a las autoridades como a los representantes de la cultura taurina.
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La organización del evento respalda su decisión en la legalidad vigente, argumentando que la normativa aprobada aún no ha entrado en efecto. La coordinadora de la Corporación Libertad Cultural y vocera del gremio taurino, Diana Andrade, declaró que el marco legal actual permite la realización de eventos taurinos. Andrade enfatizó que la Corte Constitucional no ha prohibido explícitamente este tipo de espectáculos, lo que respalda la posibilidad de realizar la corrida mientras la ley no esté en vigor.

El contexto cultural de Madrid (Cundinamarca) es relevante, puesto que su tradición taurina se remonta a 2012. La localidad ha sido sede de estas celebraciones de manera constante, con la única excepción de 2023, cuando cuestiones logísticas impidieron el desarrollo del evento. En declaraciones anteriores, la vocera resaltó la continuidad en la realización de estas corridas y cómo la sentencia de la Corte Constitucional ha subrayado la importancia de preservar una tradición considerada vital para la identidad cultural de la zona.
Para los organizadores, la corrida de toros no representa únicamente un festejo cultural, sino que también funciona como una forma de protesta. Según ellos, la planificación del evento es una manifestación en defensa de las libertades culturales de diversos actores, entre los que se incluyen toreros, empresarios, ganaderos y demás personas involucradas en el mundo taurino. Resalta la preocupación sobre el futuro de estas comunidades cuando la ley entre en vigencia.
Dentro del debate, también se ha manifestado una postura crítica que califica el evento de "ilegal". La senadora Esmeralda Hernández, promotora de la norma aprobada en mayo de 2024, advirtió respecto a la contravención de la sentencia 666 de 2010 de la Corte Constitucional. Según sus declaraciones, el municipio estaría organizando un espectáculo taurino en contraposición directa con los lineamientos establecidos por la autoridad judicial, por lo que instó a las autoridades locales a actuar en conformidad con la ley.
La discusión ha despertado reacciones en diversos sectores, reflejando la tensión entre quienes defienden la preservación de una tradición cultural y aquellos que optan por priorizar nuevos parámetros legales en pro de otras consideraciones. Cada uno de los grupos se centra en el aspecto que consideran fundamental, ya sea el reconocimiento del valor histórico y cultural de la tauromaquia o la aplicación de normativa que busca adaptarse a nuevos tiempos.
Diversas reacciones han surgido tanto en círculos taurinos como en grupos en defensa de los animales, lo cual demuestra la complejidad del tema. Por ello, el debate se mantiene activo, con diversas voces aportando datos y perspectivas en torno a los derechos culturales y las implicaciones legales.
Finalmente, cabe destacar que la vigencia de la "Ley No Más Olé" se encuentra aplazada hasta 2027, lo que, en términos legales, permite la realización del evento planeado para marzo. Mientras tanto, las autoridades locales y las partes involucradas continúan evaluando las implicaciones de esta situación, manteniendo el diálogo abierto y enmarcado en la normativa vigente.
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