Caso de corrupción en la UNGRD. El actual director del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha, fue referido en el episodio. “Ante las recientes declaraciones que involucran mi nombre, quiero poner en conocimiento de la opinión pública que no tengo ninguna relación ni responsabilidad en los hechos mencionados”, indicó en respuesta a los señalamientos.
La cita, de quien también fuera Director del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá siendo alcalde el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, (2012 – 2015), corrió por cuenta de la fiscal Andrea Muñoz. Ella es delegada ante la Corte Suprema de Justicia a donde, finalmente, deberá llegar el caso.
Junto a Manrique Soacha fueron mencionados Carlos Ramón González, exdirector DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia), el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones. En el mismo listado de posibles acusados figura la exasesora del Ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides.
La citada investigadora, en diligencia de este jueves (25 de julio) ante el Juez 35 con Función de Garantías de Bogotá, presentó señalamientos que, de lleno, alcanzan a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”.
Presunta corrupción en UNGRD y César Manrique
El suceso, uno de los mayores escándalos dentro del actual Gobierno originado en le Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contó con nuevos elementos que le subieron temperatura.
La Fiscalía General de la Nación reveló aspectos de ribetes especiales durante la imputación de cargos contra los principales y aparentes implicados en el caso.
Muñoz Arango,una de las sobresalientes figuras del ente acusador en este caso, entregó una serie de aspectos que hasta ahora habían sido desconocidos.
Con ello le agregó sustento al expediente que promete llegar al fondo del que puede ser uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
En principio, se habló de que el desfalco de los dineros de la UNGRD habría sido por cerca de $170 mil millones; ahora se habla de $228 mil millones pero podría ser mucho mayor.
Nuevos aspectos de la dudosa operación
Según los acusadores, a finales del año pasado, se habrían destinado $6.300 millones para el pago de sobornos. Estos fondos provendrían de un contrato de $46.800 millones destinado a la adquisición de carrotanques para La Guajira, el cual incluía un sobrecosto de $14.163 millones.
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De acuerdo a lo expuesto por los acusadores, los posibles sobornos abrían sido distribuidos de la siguiente manera:
-Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López, recibió $1.000 millones.
-Iván Name, expresidente del Senado, $3.000 millones a través de la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
-Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, $1.000 millones, entregados personalmente por Pinilla en Montería (Córdoba).
-Olmedo López recibió $724 millones.
-Sneyder Pinilla $342 millones, además del 2.3% de los rendimientos.
-Luis Eduardo López, “El Pastuso”, gestionó los recursos para los sobornos, pero se quedó con 7.821 millones de pesos del contrato de los carrotanques.
Otros nombres en la mira de la Fiscalía
La fiscal Muñoz también hizo referencia al posible rol del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en este dudoso entramado. Según los investigadores, el Jefe de la Cartera Económica sería clave en la asignación de contratos de la UNGRD a congresistas de las comisiones relacionadas con el presupuesto.
-Carlos Ramón González. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fue señalado como quien habría dado instrucción a Olmedo López. Éste le habría entregado sobornos al expresidente del Senado, Iván Name ($3.000 millones), y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle ($1.000 millones)
-Sandra Ortiz. La ex consejera para las Regiones habría sido la encargada de entregar las millonarias coimas a Name y Calle. Sneyder Pinilla, en su momento, la describió como “la mensajera” del entramado.
-Ricardo Bonilla. El Ministro de Hacienda habría sido el encargado de coordinar, junto a Olmedo López, el direccionamiento de contratos para localidades específicas: Cotorra, Córdoba; El Salado, Bolívar; y Saravena, Arauca. La Fiscalía señala que varios senadores y representantes tenían “intereses indebidos” en estos contratos.
Más nombres de posibles implicados
Entre los legisladores mencionados en las investigaciones se encuentran Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo. Estos nombres surgen a partir de posibles instrucciones del ministro Bonilla.
-María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, según la Fiscalía, era quien se comunicaba con López y Pinilla para adelantar la adjudicación de tres contratos por un valor de $92.000 millones. Estos recursos serían utilizados para los sobornos a los mencionados congresistas.
-César Manrique. El Director del Departamento de Función Pública, aparece en la lista de presuntos implicados. Según el ente acusador, Manrique Soacha se habría interesado de manera ilícita en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a ciertos empresarios a cambio de coimas.
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Pronunciamiento del presidente Petro
Simultáneamente al desarrollo de este caso, el Jefe de Estado pidió castigo para quienes resulten implicados en este episodio de corrupción. Un pronunciamiento en ese sentido se conoció a través de su cuenta X este jueves. "La Justicia tiene toda la libertad y el derecho de investigar los hechos. Solo que un posible hecho donde no salieron recursos públicos por intervención directa del presidente, no puede ocultar el hecho de los contratos de carrotanques, el contrato de Caregato, donde sí salieron dineros públicos hurtados que exijo se devuelvan hasta el último peso".
El pronunciamiento, también destacado por medios internacionales, entre ellos CNN, hace referencia al entramado de supuestos pagos a congresistas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las coimas, de acuerdo a las primeras hipótesis, tendrían el propósito de “pagar” el apoyo de congresistas por el respaldo de algunas iniciativas de la Casa de Nariño.
Más historia y pruebas concretas de este caso se conocerán el próximo 7 de agosto, una vez la Fiscalía las presente en la audiencia programada para ese día.
