En un giro histórico para la educación superior de Colombia, la Corte Constitucional ha marcado un cambio significativo en la distribución de los recursos financieros a universidades públicas, estipulando que a partir del año 2025, todas las instituciones de educación superior estatales gocen de una asignación presupuestal equitativa en el Presupuesto General de la Nación, sin distinciones entre universidades nacionales y territoriales.
Esta resolución es el resultado de la sentencia 505 de 2023, originada por una disputa legal contra el presupuesto estatal aprobado para el año en curso. La sentencia reveló que, mientras las universidades públicas del país sí recibieron fondos para cubrir sus gastos operativos, solamente un grupo selecto de 16, todas del orden nacional, incluyendo la emblemática Universidad Nacional, obtuvieron además una porción destinada a la inversión.
Consecuentemente, 17 universidades públicas de carácter territorial, entre las que se cuentan prestigiosas instituciones como la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, quedaron excluidas de los fondos de inversión, un hecho que según la demanda, generaba una disparidad en el desarrollo y la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes.
Dentro del fallo, la Corte Constitucional exigió al Congreso que evite repetir acciones que vayan en contra de las directrices ya establecidas por la misma corte, haciendo énfasis en decisiones previas como la sentencia C-346 de 2021. La Corte deja claro que en el Presupuesto General de la Nación, deben figurar recursos detallados para cada una de las 33 instituciones de educación superior pública, abarcando tanto funciones operativas como proyectos de inversión.
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Esta decisión de la Corte no es solo una medida que persigue la equidad entre las instituciones de educación superior, sino que es también un paso firme hacia la consolidación de un sistema universitario más justo y democrático, facilitando que todas las entidades educativas públicas puedan aspirar a mejoras en infraestructura, equipos y tecnología, elementos claves para el avance académico y la investigación.
La lista de las universidades públicas territoriales que se verán beneficiadas con esta medida a partir de 2025 es extensa y diversa, incluyendo:
1. Universidad de Antioquia.
2. Universidad del Valle.
3. Universidad Industrial de Santander.
4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
5. Universidad de Cartagena.
6. Universidad de Nariño.
7. Universidad de Magdalena.
8. Universidad de Pamplona.
9. Universidad del Atlántico.
10. Universidad del Tolima.
11. Universidad del Quindío.
12. Universidad Francisco de Paula Santander.
13. Universidad de Cundinamarca.
14. Universidad de Sucre.
15. Universidad de La Guajira.
16. Universidad Internacional del Trópico Americano.
17. Universidad Autónoma Indígena Intercultural.
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