La actual administración del municipio de Cota, Cundinamarca, esta bajo la lupa de la Red de Veedurías dado que, esta entidad instauró una acción popular y pidió medidas cautelares contra el presunto decreto que busca contratar a 130 funcionarios públicos antes de que finalice el año.
Asignación de cargos públicos en Cota
La administración municipal liderada por el alcalde Néstor Guitarrero se encuentra en el ojo del huracán. La Red de Veeduría ha elevado su voz de alarma ante lo que ellos consideran una maniobra irregular en los nombramientos de más de un centenar de funcionarios públicos.
La controversia se centra en un proyecto de decreto municipal que, según la organización de control ciudadano, desafía el principio de meritocracia que rige el acceso a cargos públicos en Colombia.
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El escenario ha llevado a la Red de Veedurías a tomar medidas legales, entablando una acción popular y solicitando medidas cautelares para proteger el proceso y la constitucionalidad de la práctica administrativa.
La Comisión Nacional de Servicio Civil, establece los criterios y organiza los concursos para ocupar cargos públicos, en un esfuerzo por garantizar que la asignación de responsabilidades gubernamentales se realice con base en la competencia y el conocimiento de los candidatos.
Es esta base de mérito la que Pablo Bustos, director de la Veeduría Nacional y abogado de la causa, enfatiza estar defendiendo.
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Con la acción legal planteada el 1 de diciembre en los juzgados administrativos de Facatativá, la Red busca un freno judicial que permita esclarecer las circunstancias rodeando la elaboración del mencionado decreto.
La solicitud insta a la vinculación de los funcionarios involucrados en el proyecto al proceso judicial, calificado por Bustos como inconstitucional.
Según el medio Caracol Radio, la dependencia de Talento Humano de Cota no ha emitido aún un comunicado oficial. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que la directora de Talento Humano, Adriana Socha, fuera del registro oficial, sugiere discrepancias en las cifras.
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La denuncia de la Red alude a la posible designación de 130 funcionarios, mientras que Socha señala a un número menor, 71, detallados en el borrador del decreto.
