Los hechos se presentaron el pasado mes abril de 2022 en vías de Cundinamarca, cuando tres uniformados dispararon en 15 oportunidades contra una camioneta que no acató una señal de alto, en el vehículo se desplazaban tres personas. El suceso derivo en la muerte de Steven Mahecha, un joven de 23 años. Los implicados podrían enfrentar un pena de hasta 35 años de prisión.
Juez condenó crimen en Cundinamarca
Tres policías implicados en un altercado que derivó en la muerte de un ciudadano y dejó a otro herido fueron condenados a prisión.
Los uniformados desataron una ráfaga de disparos, un total de 15, contra tres personas que, según los informes, no atendieron a su señal de alto. Aunque la Fiscalía había propuesto inicialmente arresto domiciliario para los implicados, un juez ha decidido enviarlos tras las rejas.
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El incidente, datado de abril de 2022, ocurrió en la ruta Zipaquirá-Ubaté, Cundinamarca. Las consecuencias de la acción policial resultaron en el deceso de Steven Mahecha.
Lizeth Mahecha, hermana de la víctima, expresa su alivio y gratitud por la sentencia del juez en una declaración concedida al medio Noticias Caracol:
"Después de 17 meses, 519 días sin la presencia de mi hermano, la verdad que es muy reconfortante la sabia decisión que se tomó, ya que no esperábamos menos. El asesinato de mi hermano no pudo quedar en la impunidad.
El hecho de que hayan sido tres policías activos no les daba derecho de reaccionar así. Como familia, con tranquilidad, con agradecimiento a Dios y a la justicia, esto nos reconforta, creemos otra vez en la justicia”
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La familia de Steven Mahecha no fue la única víctima de esta tragedia. Otra joven resultó herida en el tiroteo y aún lleva una de las balas en su cabeza.
Proceso judicial contra 3 uniformados
El temor de retrasos y obstrucciones legales estuvo presente durante todo el proceso, sin embargo, la hermana de la víctima reconoce que finalmente se hizo justicia.
El juez dictó un fallo que condena a los policías que dispararon 15 veces. Subrayó la amenaza que tal comportamiento conlleva no solo para las víctimas, sino también para la seguridad de toda la sociedad.
Saúl León, representante legal de las víctimas, relató a los medios cómo la Fiscalía General de la Nación había inicialmente solicitado arresto domiciliario para los agentes. Reflejó su desacuerdo con esta propuesta y afirmó que, como el juez finalmente decidió, son una amenaza para la sociedad.
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El letrado también solicita una pena máxima para los implicados y ha instado a la Procuraduría General de la Nación para que asigne un agente especial del Ministerio Público para este caso.
Esta declaración surge tras las preocupaciones de que el caso podría ser remitido a la justicia penal militar, algo que el juez ha asegurado no sucederá.
