La Secretaría de Educación de Soacha no ha tomado decisiones a pesar de que fue enterada del delicado suceso. El Ministerio Público puso los ojos sobre hechos que podrían constituirse en graves casos contra estudiantes y personal vinculado a los centros académicos. Las acciones se extienden, inicialmente, a otros 10 departamentos en todo el país.
Todo indica que los casos de violencia y abuso sexual se han incrementado en los centros educativos de buena parte del país, asunto por el cual la Procuraduría se puso en alerta e inicio averiguaciones.
Hay casos concretos y documentados lo cual les entrega con cierto grado de credibilidad. Sobre esos episodios es que el Ministerio Público priorizó su trabajo.
Uno de los casos más sonoros ocurrió en la Institución Educativa Chiloé de Soacha, Cundinamarca. El episodio fue dado a conocer por la propia “orientadora del colegio”, quien alertó sobre hechos que, de momento y a pesar de la gravedad, no ha tenido solución.
Reveló que el presunto agresor “sigue asistiendo a clases sin ninguna restricción, pese a haber informado lo ocurrido a varias entidades, entre ellas, la Secretaría Municipal de Soacha”. Ni la Alcaldía ni la Secretaría de Educación han adoptado correctivos.
Sin colaboración oficial en Soacha
En materia preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias. Sin embargo, ello no ha ocurrido.
De otra parte y frente a diferentes investigaciones en varias zonas del país, el organismo destituyó e inhabilitó a dos docentes; formuló cargos a tres más e inicio par indagaciones.
Uno de los casos más ruidosos involucra a un profesor en Samacá, Boyacá. El acusado fue destituido e inhabilitado por 15 años bajo los cargos de actos sexuales diversos, incluido el acceso carnal, contra una menor de 14 años en la Institución Educativa Salamanca.
Además, se ha encontrado evidencia de acoso sexual por parte de un profesor de Tecnología de Informática y Sistemas en Santa Ana, Magdalena. El involucrado habría acosado sexualmente a estudiantes menores de edad. Fue destituido e inhabilitándolo por 13 años.
Más departamentos afectados
En otros tres territorios, la Procuraduría formuló cargos a educadores que presuntamente no cumplieron con su deber de proteger los derechos fundamentales de los estudiantes. Involucran tocamientos indebidos y amenazas a estudiantes en Santander, Caldas y Boyacá.
La Procuraduría también ha iniciado investigaciones en Cúcuta, Norte de Santander, para determinar si la Alcaldía activó adecuadamente las rutas de atención tras hechos del mismo tipo. Lo anterior, luego que se denunciaran audios en los que un profesor, aparentemente, inducía a sus alumnas a participar en actos sexuales para mejorar sus calificaciones.
En Aracataca, Magdalena, la Procuraduría abrió indagación para evaluar las denuncias de acoso sexual y explotación comercial de menores por parte de un docente.
De momento, el Ministerio Público ha emitido un total de 18 decisiones disciplinarias en varios departamentos a lo largo del 2023, todos relacionados con acoso sexual en los centros educativos.
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Además de tomar medidas punitivas, la Procuraduría emplazó al ICBF a fin de que adopte medidas de protección para los estudiantes sometidos a sucesos de acoso sexual u otros eventos que afecten su integridad física y moral.
En reciente informe sobre episodios delicados en colegios de todo el país, la Procuraduría encontró que casi la mitad de las instituciones reportaron casos de violencia sexual. Además, el 72% enfrentó dificultades para reubicar a los presuntos agresores durante las investigaciones, lo cual aumenta el riesgo de revictimización de los estudiantes.
Ante esa circunstancia, el organismo de Control y Vigilancia emitió llamado claro: que está comprometida en combatir el acoso sexual en las escuelas, al tiempo que pretende garantizar un ambiente seguro al estudiantado.
