Dos personas lesionadas, trabajadores de la Concesión Coviandina, ya fueron dadas de alta en el Hospital de Cáqueza, Cundinamarca. Tres artefactos explosivos fueron activados hacia las 2 de la madrugada (lunes 11 de diciembre) contra las casetas del Peaje.
Poco después de los hechos y en sesión del Consejo de Seguridad, fueron acordadas las primeras acciones de las autoridades y organismos del orden.
“A $100 millones se eleva recompensa por responsables de acto terrorista en la vía al Llano”, anunció el mandatario seccional Nicolás García. En principio esa suma era de $50 millones.
La misma comunicación da cuenta de las acciones inmediatas activadas por el Ejército, la Policía, la Fiscalía y otras autoridades tanto de los departamentos de Cundinamarca y Meta, como de Bogotá.
"Finalizamos Consejo de Seguridad en el que hemos analizado los hechos ocurridos en el peaje el Boquerón de la vía al Llano, resaltando nuestro absoluto rechazo a este tipo de actos terroristas”, advierte.
“Informamos que las dos personas que resultaron afectadas fueron remitidas al hospital de Cáqueza, una de ellas ya fue dada de alta y la otra fue remitida a Bogotá para unos exámenes de rutina”.
Datos iniciales sobre el atentado
Según los mismos reportes, el conjunto de las autoridades trabajan en una sola mesa con el propósito de garantizar la seguridad a lo largo de las vías del centro del país, en este caso.
Una de las conclusiones iniciales advierten que fueron activadas más de una granada; descarta que hayan sido utilizados “artefactos explosivos hechizos de fabricación casera”, como se consideró en un principio.
“… se puede afirmar que se evidencia en unos videos la utilización de granadas”. Este hecho eleva los niveles de preocupación de las autoridades. Hace pensar que podría tratarse de grupos ilegales armados.
Reacción inmediata
Tras los hechos, el gobernador Nicolás García dispuso el despliegue de unidades tanto del Ejército como de la Policía Nacional a fin de que tomen control del escenario. De inmediato se abrió paso a las investigaciones dirigidas a identificar los autores del criminal suceso.
En mensaje difundido minutos después de la explosición, el mandatario cundinamarqués, tras condenar lo sucedido, ofreció el pago de una recompensa de $50 millones por información que identifique sus autores.
“Hemos convocado a Consejo de Seguridad y estamos ofreciendo 50 millones de pesos por quien nos aporte información de los responsables de este acto terrorista. Mi absoluto rechazo a actos como este que dañan la integridad de cundinamarqueses y colombianos”, señaló.
Fuertes pronunciamientos
Con el paso de los minutos y en la medida que se iban conociendo más detalles de lo ocurrido en el Peaje del Boquerón, jurisdicción de Chipaque, oriente de Cundinamarca, crecieron los pronunciamientos.
Al mensaje del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien, de momento, se refirió a suministrar generalidades sobre lo ocurrido, se sumaron pronunciamientos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del mandatario seccional del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Los tres han unido esfuerzos para detener los embates de la guerrilla, principalmente las Disidencias de las Farc.
“Condenamos este atentado en el peaje de Boquerón. Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca”, subrayó la mandataria capitalina en su cuenta X.
Líneas siguientes entregó duros cuestionamientos contra el manejo que a la seguridad le viene dando el presidente Gustavo Petro. “Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia contra la población, ante la conducción errática del Presidente como único comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía”, indicó.
Estimó que lo anterior ocurre mientras los delincuentes incrementan sus procedimientos contra de los colombianos. “… los jefes criminales sí crecen con estrategias claras e infortunadamente eficaces de control de la población con intimidación, asesinatos, confinamiento o desplazamiento, de rentas criminales”.
A lo anterior, considera, le añade “un incremento de la extorsión, distribución y lavado de rentas criminales y disputa criminal en las calles de nuestras ciudades. Ciudadanos y autoridades locales y regionales de todo el país le exigimos al Presidente seriedad, conducción estratégica y coherente de las instituciones de seguridad y justicia”.
“… lo que estamos viviendo dolorosamente es una Colombia potencia mundial del crimen, no de la vida”, dice López Hernández subiéndole el tono a sus críticas contra las política de Petro Urrego frente a los grupos criminales y terroristas.
En otras palabras pero en la misma dirección se pronunció el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Considerra necsario aplicar las mismas medidas con las cuales se erradicó la inseguridad a lo largo de las vías entre Bogotá, el centro del país y los Llanos Orientales.
