En Cundinamarca, Bogotá, Boyacá y Antioquía se llevaron a cabo operativos conjuntos que permitieron el desmantelamiento de una red dedicada a la importación, fabricación y venta de explosivos en el territorio nacional. Durante los operativos se incautaron aproximadamente 3 toneladas de material explosivo y 123 millones de pesos.
Captura en Cundinamarca
En un reciente esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, nueve individuos fueron arrestados por supuestamente formar parte de una red de tráfico de explosivos. Esta operación se llevó a cabo en el marco del plan de Seguridad 360 del país.
Se identificó a Darling Balaguera, conocida como "Darling", y Hoffman Melo, un destacado empresario de pirotecnia y miembro de la federación que agrupa a este sector en Colombia, entre los detenidos. Según se informa, la empresa de Melo habría importado los materiales necesarios para la red delictiva.
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Además de Balaguera y Melo, los coordinadores Yeni Pulido y German Avendaño fueron capturados, junto con los presuntos distribuidores Jesica Espitia, Luis Ramos, Edwin Obando, Brenda Vásquez y Willinton Vásquez.
Las capturas tuvieron lugar en diversas localidades del país, como Bogotá, Medellín, Mosquera y Chiquinquirá. Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de tres toneladas de sustancias explosivas y armas de fuego.
El operativo permitió el decomiso de:
- Tres toneladas de sustancias explosivas
- 8.005 detonadores no eléctricos
- 8.160 fósforos eléctricos
- 428 metros de cordón detonante
- 37 detonadores modificados
- 1.500 metros de mecha de seguridad
- Varias armas de fuego, incluyendo pistolas, un revólver, una escopeta calibre 12 y armas traumáticas
- 3 proveedores, 110 cartuchos calibre 9 mm
- Efectivo, incluyendo 14.400 dólares y 123 millones de pesos colombianos
- 14 celulares
Operación de la banda
Además, se ocuparon 12 propiedades avaluadas en 1.750 millones de pesos colombianos, asestando un golpe a las finanzas de la red criminal. Las autoridades han declarado que los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Según la Policía, la operación criminal se centraba en la compra e importación legal de sustancias primarias para la elaboración de explosivos desde países como Alemania, Italia, Suecia, China y España, utilizando la empresa de pirotecnia como fachada. Los explosivos luego eran ofrecidos y vendidos a organizaciones criminales.
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Se presume que estos productos eran almacenados clandestinamente, en bodegas sin el control y manejo adecuado que estas sustancias demandan, poniendo en riesgo la vida de las personas cercanas a estas instalaciones.
El epicentro de la actividad ilícita era la ciudad de Bogotá desde donde distribuían las sustancias en encomiendas a varios destinos del país, logrando esquivar controles de seguridad al hacerlas pasar como productos agroquímicos y repuestos para maquinaria pesada.