El departamento de Cundinamarca ha dado un paso revolucionario en la protección de los derechos de la infancia al firmar un compromiso histórico para implementar la Ley 2089 de 2021. Esta normativa, que prohíbe el castigo físico y los tratos crueles hacia menores, marca un hito en la evolución de las prácticas de crianza en Colombia.
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La iniciativa, que forma parte del programa de salud mental departamental, busca transformar la dinámica familiar en los 116 municipios de Cundinamarca. El enfoque se centra en fomentar relaciones basadas en el respeto y el amor, alejándose de métodos disciplinarios obsoletos y potencialmente dañinos.
Adriana Lucía Melo, secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, destacó la importancia de este compromiso: "Estamos decididos a promover una crianza amorosa que garantice el bienestar de la niñez y fortalezca la salud emocional de las familias cundinamarquesas". Melo también anunció un plan de seguimiento y asistencia técnica para asegurar la implementación efectiva en todo el territorio.
La voz de la infancia estuvo representada por Jorge Andrés Hadechine, miembro de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Su mensaje fue claro: los menores aspiran a vivir en entornos donde sean amados, respetados y valorados. Este testimonio refuerza la importancia de incluir las perspectivas de los niños en las políticas que les afectan directamente.
La implementación de esta ley en Cundinamarca podría servir como modelo para otros departamentos, estableciendo un precedente en la protección integral de la infancia. El éxito de esta iniciativa dependerá de la colaboración entre autoridades, familias y comunidades.
El compromiso de Cundinamarca va más allá de la simple prohibición del castigo físico. Busca promover alternativas positivas de disciplina y comunicación familiar, fomentando un cambio cultural profundo en la manera de entender la crianza y el desarrollo infantil.
Esta iniciativa se alinea con tendencias globales que reconocen el impacto negativo del castigo físico en el desarrollo psicológico y emocional de los niños. Al adoptar este enfoque, Cundinamarca se posiciona a la vanguardia de la protección de los derechos de la infancia en Colombia.
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