El departamento de Cundinamarca se encuentra bajo un seguimiento permanente debido a la persistencia de las lluvias, que han generado un total de 34 emergencias en lo corrido del año 2026. El balance entregado por las autoridades detalla que se han registrado 19 movimientos en masa, 11 inundaciones, 3 crecientes súbitas y un vendaval. Estas afectaciones se concentran en 22 municipios de siete provincias, evidenciando la magnitud del impacto climático en el territorio departamental. Solo durante los primeros días de febrero, se han reportado 17 de estos eventos en provincias como Tequendama, Rionegro, Sumapaz, Alto Magdalena y Sabana Centro.
Esta cifra representa un incremento del 40% con respecto al mismo período del año anterior. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el fenómeno de La Niña está en fase de desarrollo. Esto configura un escenario de alta precipitación que podría extenderse hasta el segundo trimestre del año. Las autoridades están en alerta máxima.
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) de Cundinamarca es el epicentro de la gestión de esta crisis. Su director, Ingeniero Roberto Díaz, explicó que la situación es dinámica y compleja. "No enfrentamos un solo evento, sino múltiples amenazas simultáneas en territorios con geografías y vulnerabilidades muy distintas. Desde deslizamientos en laderas andinas hasta inundaciones en zonas planas", detalló.
Un Mapa de la Emergencia: Provincias y Municipios bajo el Agua y el Lodo
La distribución geográfica de las 34 emergencias no es aleatoria. Sigue un patrón claro relacionado con la orografía, la saturación de los suelos y la ubicación de cuencas hidrográficas.
La Provincia de Tequendama es una de las más golpeadas. Municipios como San Antonio del Tequendama y La Mesa reportan recurrentes movimientos en masa. Las laderas de la cordillera, sobreexplotadas y con poca cobertura vegetal, ceden con las lluvias persistentes. En Viotá, las quebradas que bajan de la montaña se desbordan con furia, afectando cultivos de café y plátano.
En la Provincia de Rionegro, la situación es crítica en municipios como Quipile y La Palma. Aquí, las crecientes súbitas son el principal peligro. "El agua baja de las montañas con una fuerza arrasadora en cuestión de minutos. No da tiempo de avisar a la comunidad", explicó el alcalde de Quipile, Carlos Alberto Suárez.
La Provincia del Sumapaz, con su páramo, es clave en la regulación hídrica. Pero sus suelos están saturados. Esto genera flujos de lodo y deslizamientos que afectan las vías de acceso. Aislar a las comunidades es un riesgo latente.
El Alto Magdalena enfrenta la dualidad de los deslizamientos en la parte alta y las inundaciones en la parte baja, cerca del río. Puerto Salgar vive con la mirada puesta en el nivel del río Magdalena. En la Sabana Centro, la urbanización acelerada y la impermeabilización del suelo agravan las inundaciones.
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Casos Emblemáticos: De los Árboles Caídos en Sopó a las Calles Inundadas de Cajicá
Entre los incidentes más graves reportados recientemente destaca lo ocurrido el sábado 7 de febrero en el sector de Hatogrande, municipio de Sopó. Una granizada acompañada de fuertes vientos provocó la caída de 83 árboles en un campo de golf y el colapso de un muro de cerramiento.
El evento fue tan localizado como violento. "Sonó como una explosión. El granizo era del tamaño de una pelota de golf. En 15 minutos, el paisaje estaba devastado", relató Fernando Gutiérrez, administrador del club. La granizada saturó instantáneamente el suelo. Los árboles, con sus raíces superficiales en un terreno ya mojado, no pudieron resistir los vientos que superaron los 80 km/h.
La maquinaria pesada municipal trabajó por dos días para despejar la zona. El daño económico es cuantioso. Pero lo más importante es que no hubo víctimas humanas. "Fue un milagro que no hubiera jugadores en la cancha", añadió Gutiérrez.
Por otro lado, en Cajicá, los habitantes del sector La Capellanía sufrieron inundaciones por el desbordamiento de la quebrada La Cruz. Este no es un problema nuevo. Es la tercera vez en el año que el barrio se anega.
"El problema es la basura y el sedimento. La quebrada está colmatada. Cada lluvia fuerte la desborda. Ya perdimos muebles, electrodomésticos… y la paciencia", denunció María del Pilar Rojas, presidenta de la junta de acción comunal. La comunidad exige a la alcaldía y a la Corporación Autónoma Regional (CAR) una limpieza integral y urgente del cauce. Hasta ahora, solo han recibido promesas.
Mientras tanto, en municipios como San Francisco, Quipile y Sasaima se mantienen alertas por lluvias intensas, y en Puerto Salgar se vigila con rigor el incremento sostenido del nivel del río Magdalena.
La Respuesta Institucional: Entre la Reacción y la Prevención Insuficiente
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) mantiene una articulación constante con los Consejos Municipales para verificar reportes en tiempo real y coordinar acciones preventivas. La Gobernación de Cundinamarca ha enfatizado la necesidad de que los alcaldes mantengan actualizada su Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) y activen de inmediato los protocolos de prevención. El monitoreo es ininterrumpido, buscando mitigar los riesgos para la población ante la posibilidad de nuevos eventos hidrometeorológicos en las zonas críticas.
Sin embargo, actores sociales y veedores ciudadanos señalan deficiencias estructurales. Ana Patricia Beltrán, directora de la ONG Gestión del Riesgo Colombia, es crítica. "La UAEGRD hace un esfuerzo heroico de reacción. Pero el modelo está desbalanceado. Se gasta el 80% de los recursos en atender la emergencia (maquinaria, albergues, ayudas) y solo un 20% en prevención real: reubicación de familias, obras de mitigación, educación comunitaria".
Un ejemplo claro es La Capellanía en Cajicá. La comunidad lleva años advirtiendo del riesgo. Los estudios técnicos existen. Pero no hay recursos asignados para la obra de canalización y ampliación de la quebrada, que se estima en $4.500 millones de pesos.
En el municipio de La Palma, la quebrada La Moya se llevó el puente peatonal que conectaba a la vereda El Bosque con el casco urbano. 50 familias quedaron incomunicadas. Los niños no han podido ir al colegio.
En contraste, en la vereda Santa Bárbara (San Antonio del Tequendama), la comunidad se organizó. Con asesoría de la UAEGRD, establecieron un sistema de alerta temprana comunitario. Designaron vigías que monitorean la montaña. Tienen silbatos y un plan de evacuación. Cuando cae una lluvia fuerte, saben qué hacer.
El Desafío del Cambio Climático: Una Nueva Normalidad que Exige Nuevas Estrategias
Los expertos son contundentes: esto no es una mala racha. Es la nueva normalidad climática. "Los patrones de precipitación han cambiado. Tenemos lluvias más intensas en periodos más cortos. Los suelos no alcanzan a absorber tanta agua. La recurrencia de estos eventos va a aumentar", advirtió el climatólogo Eduardo Rodríguez, de la Universidad Nacional.
Frente a este escenario, las estrategias de gestión del riesgo no pueden ser las mismas de hace 20 años. Se requiere una adaptación basada en ecosistemas. Restaurar bosques y páramos para regular el agua. Respetar las rondas de los ríos y quebradas. Planificar el territorio con criterios de riesgo, no solo de desarrollo económico.
La Ley 1523 de 2012 (Ley de Gestión del Riesgo) es robusta en el papel. Pero su implementación es fragmentada y depende de la voluntad política local. "Necesitamos que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) incorporen los mapas de riesgo de manera vinculante. Que no se permita construir donde el riesgo es inminente", pidió el climatólogo Rodríguez.
El Llamado a la Acción: Más que Monitoreo, Inversión Decidida
El monitoreo constante del IDEAM y la UAEGRD es vital. Pero es solo el primer paso. El llamado de las comunidades y los expertos es a la inversión decidida y prioritaria en gestión del riesgo.
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo debe dejar de ser un espacio reactivo. Debe convertirse en una instancia de planificación y asignación estratégica de recursos. Los alcaldes deben ser evaluados no solo por cuántas obras de cemento entregaron, sino por cuántas familias lograron reubicar de zonas de alto riesgo.
La temporada invernal 2026 en Cundinamarca es una prueba de fuego. Las 34 emergencias y los 22 municipios afectados son una campana de alarma. El mensaje es claro: la naturaleza está hablando. La pregunta es si las instituciones y la sociedad están escuchando y, sobre todo, están dispuestas a actuar de manera distinta, más inteligente y más preventiva.
La resiliencia no se mide por la capacidad de soportar golpes, sino por la habilidad de aprender y adaptarse para que el próximo golpe sea menos destructivo. Cundinamarca tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de construir esa resiliencia. El tiempo, y las lluvias, siguen su curso.
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