Una operación conjunta entre técnicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Policía Nacional culminó con la detención de actividades de extracción ilícita de materiales en la vereda Subia Central, en el municipio de Silvania. La intervención fue llevada a cabo para detener la extracción de cuarzoareniscas de grano fino que un grupo de particulares realizaba sin contar con los permisos y licencias requeridas.
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Sin licencia ambiental ni minera: Así operaba la explotación ilegal
La actividad ilegal fue confirmada por profesionales de la Dirección Regional Sumapaz, quienes determinaron que el predio no poseía licencia ambiental ni licencia minera para ejecutar este tipo de explotación.
El impacto ambiental de la operación ilícita fue significativo, afectando múltiples recursos naturales. La explotación generó afectación directa al suelo, con la identificación de cinco frentes de explotación que cubrían un área aproximada de 3.915 metros cuadrados. La remoción del suelo modificó sus propiedades físicas y químicas, impactando negativamente la geomorfología y el paisaje natural de la zona.
Cundinamarca: Tala de especies nativas y afectación a quebrada
Además del daño al suelo, se registró una afectación grave al recurso flora, incluyendo la remoción de cobertura vegetal y la deforestación mediante la tala no autorizada de especies protegidas. Entre las especies nativas taladas se encuentran balsos, dragos, tunos y palmas bobas. La explotación también impactó el recurso hídrico al generar la ocupación del cauce de la Quebrada Agua Panela.
Durante el operativo, la Policía Nacional incautó la maquinaria utilizada para la actividad ilícita, incluyendo una retroexcavadora, dos taladros rotomartillo y diversos explosivos.
Capturados y judicializados: las consecuencias penales de la explotación ilícita
Las personas que fueron sorprendidas en flagrancia fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Posteriormente, la Policía procedió a legalizar su captura por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, iniciando su correspondiente proceso de judicialización.
La directora regional Sumapaz de la CAR, Érika Álvarez, fue enfática al determinar que la actividad se estaba realizando sin las autorizaciones necesarias.
Es crucial recordar que, según el artículo 332 del Código Penal Colombiano, quien explote, explore o extraiga yacimientos mineros, arena o material pétreo de cauces y orillas de ríos sin permiso o incumpliendo la normativa, especialmente si es capaz de causar graves daños a los recursos naturales, incurrirá en penas de prisión. Las condenas pueden ir desde 32 hasta 144 meses de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre 133 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
