Garantizar que la discapacidad no sea una barrera, sino una condición que el territorio esté preparado para integrar. Con ese horizonte claro, la Gobernación de Cundinamarca, a través de su gerencia de discapacidad, avanza en la reformulación de la Política Pública Departamental de Discapacidad que regirá para el periodo 2026–2036. El proceso, que cuenta con la asesoría técnica de la Universidad Externado de Colombia, dio un paso fundamental con la realización de una mesa virtual de trabajo que reunió a cerca de 50 participantes de todas las provincias.
La jornada fue concebida como un espacio de escucha activa y construcción colectiva. Participaron miembros del Comité Departamental de Discapacidad, delegados de los comités municipales (con representación de tres personas por provincia), así como cuidadores, acompañantes y, por supuesto, personas con discapacidad. Para garantizar la plena accesibilidad del encuentro, se contó con la presencia de un intérprete de lengua de señas, con el respaldo de Fenascol, asegurando que todas las voces pudieran ser escuchadas sin barreras de comunicación.
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Diagnóstico participativo: identificar problemáticas para trazar la hoja de ruta
El ejercicio se desarrolló a través de mesas de trabajo organizadas por bloques temáticos, donde los asistentes pudieron identificar y debatir las principales problemáticas y retos que enfrenta la población con discapacidad en el departamento. Los ejes abordados fueron:
- Educación: acceso, permanencia y calidad en todos los niveles.
- Salud: atención integral, rehabilitación y acceso a servicios especializados.
- Empleo y generación de ingresos: inclusión laboral y emprendimiento.
- Deporte, cultura, recreación y turismo: oportunidades para el desarrollo del potencial creativo y físico.
- Participación: incidencia real en las decisiones que afectan sus vidas.
- Garantías jurídicas: acceso a la justicia y protección de derechos.
- Implementación de la política anterior: evaluación de lo que funcionó y lo que debe mejorarse.
Este proceso permitió consolidar un diagnóstico participativo que servirá de base para orientar la hoja de ruta de la próxima década. La información recogida, cruzada con el análisis técnico, garantizará que la nueva política tenga una mirada territorial y esté basada en evidencia, no en suposiciones.
Evaluación previa y actualización con enfoque de derechos
Jaidy Zárate, directora para el Bienestar Generacional de la Secretaría de lo Social y la Familia, explicó el contexto de esta reformulación. La política pública vigente culminó en 2025, y antes de iniciar el proceso de actualización, la administración departamental adelantó una evaluación integral para identificar avances y oportunidades de mejora.
"El objetivo de este espacio es recoger las problemáticas en torno a la discapacidad que sirvan como insumo para la reformulación de la política pública. Esta actualización nos permite ajustar las acciones a las necesidades actuales de la población, mejorar su calidad de vida y promover una participación más activa", señaló Zárate.
La funcionaria destacó que la nueva política busca garantizar inclusión efectiva, accesibilidad real e igualdad de oportunidades no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias y cuidadores, actores esenciales en la garantía de derechos. En línea con el mandato del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, la participación ciudadana se sitúa como un eje transversal de la gestión pública, colocando a la comunidad en el centro de las decisiones institucionales.
Transformar el entorno, no a la persona: el enfoque social de la discapacidad
Fernando Buchelli, coordinador del equipo técnico de la Universidad Externado de Colombia, aportó una reflexión conceptual clave para entender el espíritu de la nueva política. "La discapacidad no es el problema en sí mismo. Son las barreras físicas, sociales, económicas y culturales las que limitan el desarrollo social, comunitario, educativo y productivo de las personas. Cuando adaptamos nuestros entornos, instituciones y prácticas, esas barreras comienzan a desaparecer", explicó.
Este enfoque, basado en el modelo social de la discapacidad, desplaza el foco de la "deficiencia" individual hacia las limitaciones que impone un entorno no preparado. El objetivo de la política 2026–2036 es, precisamente, transformar ese entorno: las calles, las escuelas, los lugares de trabajo, los trámites administrativos y las actitudes culturales.
Buchelli añadió que este primer ejercicio participativo constituye un paso determinante en la construcción del marco estratégico de la política, la definición de sus líneas orientadoras y la estructuración de la ruta de acción para los próximos diez años. "La meta es transformar el entorno para que la discapacidad no sea una limitación, sino una condición que el territorio esté preparado para integrar", puntualizó.
Voces del territorio: la participación que enriquece la política
Desde la experiencia vivida en los municipios, Querubín Ortiz Olaya, integrante del Comité Departamental de Discapacidad en la categoría de discapacidad física y representante del municipio de La Peña, valoró positivamente el espacio de diálogo. "Pudimos analizar las problemáticas, proponer estrategias y plantear acciones que orientarán la política pública durante la próxima década. Agradecemos al señor Gobernador y a la Secretaría de lo Social y la Familia por abrir estos escenarios de participación", expresó.
Su testimonio refleja la importancia de que quienes viven a diario las barreras y las potencialidades de la inclusión tengan un asiento en la mesa donde se diseñan las soluciones. Con esta reformulación participativa, Cundinamarca no solo actualiza un documento, sino que reafirma su compromiso de construir un departamento donde todas las personas, independientemente de su condición, puedan desplegar su proyecto de vida con dignidad y en igualdad de oportunidades.
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