En un ambicioso esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria, el departamento de Cundinamarca ha forjado una colaboración estratégica con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), destinando una inversión de $3.016.560.760. Esta iniciativa se centrará principalmente en la provincia de Sumapaz, involucrando a municipios estratégicos como Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, y otros que, en conjunto, buscan consolidarse como pioneros en la implementación de nuevas políticas agroalimentarias.
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No obstante, el alcance del programa trasciende los límites de Sumapaz, extendiéndose también a provincias como Tequendama y Soacha, entre otras, abarcando un total de 78 municipios en diversas áreas de Cundinamarca. Esta expansión geográfica tiene como objetivo principal no solo la disminución del hambre, sino también la creación de un ecosistema agroalimentario más equitativo y sostenible.
Dentro del marco de este proyecto, el gobernador Jorge Emilio Rey ha destacado la importancia de reconfigurar las dinámicas de distribución de alimentos. La intención es clara: asegurar precios justos para los campesinos mientras se protege a los consumidores de las fluctuaciones inflacionarias en la canasta familiar. Esta propuesta busca sentar las bases para un comportamiento de mercado más racional y justo.
El plan de acción incluye cuatro pilares fundamentales:
1. Estudio del abastecimiento agroalimentario: Un análisis exhaustivo que busca optimizar los flujos de alimentos en la región.
2. Tecnología geoespacial para la producción: Aplicación de herramientas avanzadas para impulsar una planificación agrícola más estratégica.
3. Plataforma de monitoreo del mercado: Creación de un sistema digital para observar en tiempo real los precios y la disponibilidad de productos, promoviendo la transparencia.
4. Capacitación especializada: Formación técnica dirigida a personal del gobierno para una mejor gestión de recursos agroalimentarios.
Agustín Zimmermann, representante de la FAO, subraya que el programa, al culminar en ocho meses, ofrecerá una clara evaluación sobre el índice de seguridad alimentaria, aspecto crucial para abordar con precisión la dispersión de recursos y optimizar su uso.
Este esfuerzo conjunto no solo busca resolver problemas inmediatos sino también establecer una red de colaboración entre la Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional y otras entidades locales. La meta es afianzar la coordinación territorial para garantizar que los recursos lleguen de manera más eficiente a quienes más lo necesitan.
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