En una intervención sin precedentes que promete unas festividades más seguras para los consumidores, la Fiscalía General de la Nación ha sacado de circulación miles de botellas de licor adulterado que estaban destinadas a inundar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La operación, orquestada por el CTI con la colaboración esencial del Gaula Militar y expertos en la materia, ha culminado en la aprehensión de siete individuos presuntamente vinculados a una organización especializada en la falsificación de bebidas alcohólicas.
La ofensiva se desarrolló con éxito en diversos barrios de la capital colombiana, incluyendo Kennedy, Bosa, Antonio Nariño y Santa Fe, donde las autoridades incautaron un impresionante arsenal de más de 25 toneladas de licor fraudulento, junto con una variedad de insumos y herramientas empleadas para su fabricación ilegal. Esto se llevó a cabo sin la autorización correspondiente de los organismos reguladores y las empresas licoreras.
Desglosando la metodología de esta red delictiva, se encontraron prácticas como el reciclaje de botellas, las cuales eran sometidas a un meticuloso proceso de limpieza utilizando desengrasantes y disolventes. Además, el grupo se apropiaba de material como estampillas, tapas y sellos de seguridad, fundamentales para la elaboración de bebidas que mezclaban alcohol puro con licores de bajo costo y otras sustancias para finalmente presentarlas como si fueran productos de reconocidas marcas internacionales.
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En el transcurso de la investigación, se descubrió que la distribución de estos productos se gestionaba de manera clandestina mediante pedidos telefónicos y grupos de WhatsApp, siendo enviados como encomiendas a diversos destinos incluyendo varios sectores de Bogotá, municipios aledaños y otras ciudades del país, llegando incluso a infiltrar una conocida casa de banquetes.
La responsabilidad de juzgar esta infracción ha recaído en una fiscal del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien ha imputado a los sospechosos cargos por usurpación de derechos de propiedad industrial, imitación de sustancias y alimentos, ejercicio ilícito de actividades monopólicas y corrupción de productos alimenticios y médicos.
Identificados los principales actores de esta cadena ilícita, se encuentran Eduardo Pardo Quiroga, Flavio Aníbal Bermúdez García y Jenaro Elías Pérez González, señalados de manejar la logística de botellas y su posterior limpieza, así como la obtención de insumos sólidos. Asimismo, María Cristina Melgarejo Cruz aparece como proveedora clave de tapas y otros componentes cruciales para la fabricación y apariencia legal de los licores.
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