En Colombia, la lucha contra la minería ilegal se intensifica, identificándose cinco áreas críticas que aglutinan los impactos más severos de esta práctica: desde las cordilleras del sur de Córdoba, pasando por las ricas tierras de Chocó, hasta las profundidades selváticas de Amazonas y la línea fronteriza con Venezuela. Estos territorios representan el frente de batalla donde autoridades como la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional, concentran sus esfuerzos.
En dos de las regiones mencionadas, Nariño y Antioquia, se han rastreado indicios de la presencia de cinco cabecillas en la minería ilícita, que hoy figuran en la lista de los más buscados. Sus operaciones ilegales no solo amenazan la sostenibilidad ambiental sino que también constituyen una fuente de financiación para actividades criminales.
Esteban Sánchez Soto lidera la lista y se le atribuyen operaciones desde 2017 en el Triángulo de Telembí. Utilizando maquinaria pesada y sustancias altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro, su objetivo ha sido la extracción desmedida de oro, poniendo en riesgo el ecosistema y la salud de las comunidades.
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Andrés Felipe Úsuga Oquendo y Juan Fernando Gutiérrez Builes, también figuran en este cartel. La influencia del llamado 'clan del Golfo' se siente en sus dominios de Ituango y en el suroeste de Antioquia respectivamente, ejerciendo control a través de la explotación y el patrullaje de áreas mineras.
Luis Carlos Berrío Campos y Daniel Fernando Uribe Moreno completan el grupo. Se les atribuyen funciones de comando y vigilancia en la región occidental de Antioquia, donde el 'clan del Golfo' tiene una presencia significativa.
El involucramiento del 'clan del Golfo' en la minería ilegal en Antioquia es profundo y sistemático. Los 'patrulleros' del grupo armado controlan meticulosamente la producción semanal de oro, estableciendo una tasa de extorsión a los mineros, conocida como el 'diezmo'. Esta práctica se extiende a la administración de las minas, donde miembros del grupo criminal ostentan roles directivos.
La Dicar continúa su persecución a estas zonas de explotación ilegal, con Buriticá, Caucasia y Nechí en la mira. Sin embargo, el 'clan del Golfo' no es la única estructura que se beneficia de esta actividad ilícita. En aproximadamente 170 municipios con influencia de grupos armados, se han detectado operaciones mineras sujetas a pagos impuestos por estas organizaciones, las cuales incluyen 'tarifas' por permisos para operar y una supuesta 'protección'.
El panorama en el departamento de Chocó también es grave, con el Eln imponiendo cuotas de extorsión mensuales que incluyen 'protección' tanto a mineros como a maquinaria. En el sur del país, las disidencias de las Farc replican este esquema de cobros, utilizando la minería como soporte financiero para sus operaciones, a la vez que se presentan como un 'escudo' contra las intervenciones de la Fuerza Pública.
La minería ilegal representa un desafío multifacético para Colombia, afectando el tejido social, el ambiente y la economía. Las autoridades, en su compromiso con el bienestar nacional y la legalidad, persisten en su tarea de restaurar el orden y custodiar los recursos naturales del país.
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