En un esfuerzo conjunto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Policía de Carabineros y el gobierno municipal lograron identificar y arrestar a diez individuos involucrados en la producción no autorizada de carbón vegetal en la vereda La Chacua, municipio de Soacha. Este operativo reveló un impacto ambiental significativo, afectando cerca de 4.300 hectáreas de tierra.
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La actividad ilegal representa un riesgo considerable para la estabilidad del entorno natural, al incrementar el potencial de incendios en la zona. Según la Dirección Regional Soacha de la CAR, la operación permitió descubrir emisiones de gases nocivos como dióxido y monóxido de carbono y el manejo inadecuado de residuos líquidos a temperaturas extremas, de hasta 600°C.

Durante la intervención, se hallaron tres pilas de carbón en plena combustión y siete más preparadas para iniciar el mismo proceso. "No se detectaron técnicas adecuadas ni control en las emisiones generadas. La combustión se realizaba de manera improvisada, sin regulación sobre los gases y vapores liberados", afirmó César Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha.
El operativo también reveló que, de no haberse detenido la actividad, se habrían producido cerca de 980 bultos de carbón vegetal, cada uno de 25 kilogramos, para su venta en el mercado ilegal. Además, se constató una gestión incorrecta de desechos que está causando erosión del suelo y una pérdida considerable de vegetación local.
La revisión cartográfica y la toma de coordenadas en campo identificaron que la zona directamente afectada por la quema a cielo abierto abarca alrededor de 4.252 metros cuadrados. Este daño, junto con las actuales condiciones climáticas, intensifica la amenaza de incendios forestales en el área.
Las autoridades ambientales recalcaron que los detenidos podrían enfrentar no solo severas penas económicas sino también prisión conforme a las leyes ambientales vigentes. Este operativo subraya la importancia de la vigilancia constante y la cooperación interinstitucional para proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la normativa.
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