Un desacuerdo sobre la distribución de los recursos provenientes del impuesto de registro recabado a través de las cámaras de comercio ha generado una dinámica compleja entre la administración capitalina de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Diferencias en la interpretación de la Ley 222 de 1995, específicamente de su artículo 24, llevaron a que, durante casi dos años, la totalidad de estos fondos fuera entregada al gobierno departamental, omitiendo la participación del 30% que corresponde al Distrito Capital según lo estipulado por la norma.
Este escenario se originó a raíz de una directriz emitida por la Gobernación de Cundinamarca en agosto de 2024. El lineamiento, dirigido a la Cámara de Comercio de Bogotá, establecía que todo el impuesto de registro captado mediante su página web sería destinado en un 100% al departamento. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, esta decisión impactó las finanzas distritales, ya que los recursos por concepto de impuesto de registro que entran a la unidad de caja de la capital son fundamentales para el financiamiento del Plan de Desarrollo de la ciudad.
Las cifras permiten dimensionar el alcance de la disputa. El Distrito calcula que la falta de transferencia de estos fondos ha significado un impacto cercano a los 30.000 millones de pesos, correspondientes a la porción del impuesto recaudado mediante el canal virtual entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. Si se observan los datos bajo una perspectiva anual, Bogotá habría dejado de percibir cerca de 21.000 millones de pesos por año durante un periodo de 17 meses. Detallando por ciclo mensual, el faltante ronda los 1.700 millones de pesos, lo que equivale a una afectación diaria aproximada de 58 millones de pesos.
Estos montos son comparables a inversiones emblemáticas en proyectos urbanos recientes. Por ejemplo, el total en cuestión se aproxima al costo presupuestado para obras como el Parque Tercer Milenio, complejo deportivo y recreativo dotado de múltiples escenarios. Así mismo, la cifra refleja la posibilidad de ejecutar proyectos de comunidades energéticas en centros de integración social como el Cefe de San Cristóbal y El Tunal, con instalaciones como 1.700 paneles solares destinados al suministro eléctrico de 2.000 viviendas ubicadas en sectores vulnerables de la ciudad.
Antes de la presentación formal de la demanda, la Secretaría de Hacienda de Bogotá realizó acercamientos con sus pares en Cundinamarca con el propósito de resolver el diferendo sobre la asignación de los dineros. No obstante, tras varias reuniones, no se logró un consenso sobre el reparto de los recursos. Frente a este panorama, el Distrito decidió interponer una demanda que involucra los actos registrados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, centrándose en las inscripciones efectuadas en las cámaras de comercio en dicho lapso.
En febrero de 2025, se dio paso a un proceso de conciliación entre ambas partes. Según fuentes de la administración capitalina, se constituyó una mesa técnica para evaluar en conjunto el efecto de las determinaciones adoptadas, y para establecer procedimientos que permitan restaurar los fondos y asegurar la adherencia a la normativa vigente. Ambos gobiernos administrativos han expresado apertura a definir el alcance de las medidas correctivas y a dialogar sobre mecanismos que brinden pronta resolución al conflicto.
La posición oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá apunta al restablecimiento de los montos no percibidos, al tiempo que se promueve el respeto a la participación establecida por la ley en materia de impuesto de registro. Fuentes del Distrito recuerdan que la controversia no constituye un evento aislado en el contexto de la relación entre ambas jurisdicciones: hay antecedentes en materia de ingresos fiscales asociados al gravamen vehicular. Según datos oficiales, desde 2012 Bogotá ha dejado de recibir aproximadamente 1,1 billones de pesos, escenario atribuido a la matrícula de vehículos en municipios de la región, pese a que los propietarios residen y circulan principalmente en la capital.
Derivado de esta situación, la administración distrital implementó nuevas disposiciones para los automóviles registrados por fuera de Bogotá. A partir del primer semestre de 2026, estos vehículos tendrán restricciones adicionales en la modalidad de “pico y placa” dos sábados al mes, y deberán asumir una tarifa del pico y placa solidario con un recargo del 50% respecto a los matriculados en la ciudad. La Gobernación de Cundinamarca manifestó que la medida fue adoptada de manera sorpresiva, por lo que mantiene abierto el diálogo respecto a este y otros puntos conexos.
El gobierno departamental se pronunció luego de que la información sobre la disputa fuera difundida. En una comunicación a través de la red social X, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca expuso que, durante el periodo analizado, la Cámara de Comercio de Bogotá no contaba con infraestructura tecnológica suficiente para distinguir si los trámites correspondían a negocios registrados en Bogotá o en Cundinamarca. Como resultado, la totalidad de los recursos fue transferida de forma indiscriminada al departamento.
A partir de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas por parte de la Cámara de Comercio, ahora es posible identificar la jurisdicción a la que pertenece cada operación. Esto permite realizar la distribución de los ingresos de acuerdo a los criterios legales y con información verificable por ambas partes. Además, la Gobernación señaló que durante la transición tecnológica se realizaron provisiones presupuestales para afrontar las obligaciones que eventualmente correspondieran hacia el Distrito.
El proceso de conciliación avanza con el desarrollo de encuentros técnicos y legales entre ambas entidades. La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, ha reiterado que continúan trabajando para obtener claridad sobre las afectaciones, garantizar el cumplimiento de la normatividad y procurar la recuperación de los recursos involucrados. Fuentes departamentales confirmaron que este tema es objeto de análisis en las mesas de diálogo establecidas recientemente.
Este diferendo financiero ilustra los retos que enfrentan las administraciones de Bogotá y Cundinamarca en la gestión de ingresos fiscales compartidos, especialmente en un escenario donde el avance de soluciones digitales introduce nuevos desafíos en la determinación de competencias y responsabilidades tributarias. Factores como la interoperabilidad tecnológica y la precisión en la identificación jurisdiccional surgen como aspectos clave para evitar situaciones similares en el futuro.
En cuanto al avance de la conciliación, ambos gobiernos han ratificado su disposición para definir términos claros sobre la compensación y ajustes requeridos, sin que hasta el momento se haya anunciado un acuerdo definitivo. La resolución integral de este proceso requerirá la validación de cifras, el desarrollo de criterios técnicos compartidos y la verificación del cumplimiento normativo en el flujo de recursos captados por el impuesto de registro.
