En el marco del operativo denominado Plan Ayacucho, una colaboración estratégica entre el Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación resultó en la captura de tres individuos en Bogotá y el municipio de Soacha. Los detenidos enfrentan cargos por presunta participación en delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, así como por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y sus componentes.
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Esta operación es el resultado de meses de investigaciones complejas y labores de inteligencia militar. Los esfuerzos conjuntos permitieron a las fuerzas del orden ubicar a los sospechosos en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, y en el barrio León XII de Soacha. Se presume que estos individuos formaban parte de una red de delincuencia organizada dedicada al comercio ilegal de armamento para grupos armados en los departamentos de Meta, Cauca, Huila y Tolima.
Durante los procedimientos judiciales, las autoridades lograron incautar un arma tipo pistola, junto con un proveedor y nueve cartuchos, además de un teléfono celular. Estos elementos están ahora bajo custodia de las autoridades encargadas para avanzar en el proceso judicial correspondiente.
La intervención de la Décima Tercera Brigada, una unidad fundamental de la Quinta División del Ejército Nacional, representa un golpe significativo contra las actividades ilícitas que financian a organizaciones criminales en el centro del país.
El compromiso de las fuerzas armadas y la Fiscalía es firme en su misión de proteger la seguridad de los ciudadanos. La efectividad de estas acciones reitera su dedicación a combatir el crimen organizado y a debilitar las operaciones financieras de los grupos delictivos.
Con esta captura, se busca desarticular posibles nexos delictivos que puedan existir en la región y frenar el flujo de armas ilegales. Los detenidos están siendo sometidos a un proceso judicial que determinará su responsabilidad y posibles conexiones con otros actores delictivos.
Gracias a estos esfuerzos coordinados, se espera reducir el impacto de los grupos criminales que afectan la tranquilidad y el bienestar de las comunidades, reforzando la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
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