Barbosa ha expresado su preocupación por la posibilidad de que las denuncias recibidas a través de esta estrategia sean falsas, ya que no habrá tiempo suficiente para que las autoridades judiciales verifiquen los hechos antes de las elecciones, que se llevarán a cabo en tan solo cuatro días. Además, el fiscal advierte sobre posibles consecuencias legales si se pagan recompensas por información que resulte falsa, como procesos por peculado y demandas contra el Estado.
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El presidente Gustavo Petro ha respondido a las críticas del fiscal reafirmando su compromiso con la estrategia de recompensas. Petro sostiene que las recompensas se mantendrán para aquellos que ayuden a descubrir la compra de votos y a identificar a los responsables de este delito. El mandatario señala que se han desplegado todos los agentes de inteligencia para prevenir este delito, que es la base de la corrupción en Colombia, y asegura que los autores de la compra de votos serán investigados y enfrentarán la justicia.
Es importante destacar que la lucha contra la corrupción electoral es una responsabilidad ciudadana, y aunque la estrategia del Gobierno busca enviar un mensaje de legitimidad, algunos argumentan que el hecho de ofrecer recompensas económicas a tan solo tres días de las elecciones puede generar controversia. Sin embargo, el Gobierno insiste en que esta medida es necesaria para combatir este delito y promover la transparencia en el proceso electoral.
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