La Contraloría de Cundinamarca, mediante una auditoría financiera y de gestión, ha revelado un hallazgo fiscal de más de 7.500 millones en el municipio de El Rosal. Esta investigación ha puesto en evidencia conjeturas en la adquisición de predios que no pertenecen al gobierno actual dirigido por Jorge Mikan, sino a administraciones anteriores que llevaron a cabo decisiones cuestionables en términos de gestión y planeación.
Contraloría de Cundinamarca expone hallazgo fiscal
A lo largo del segundo ciclo del año 2024, la auditoría de gestión y resultados realizada al municipio de El Rosal arrojó luz sobre un potencial riesgo fiscal relacionado con la adquisición de los predios El Retiro y San Antonio.
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La intención original de esta compra era la construcción de un reservorio de agua, con un valor de $7.500.000.000, fondos provenientes de un empréstito autorizado por el Concejo Municipal.
Sin embargo, el terreno adquirido ya contaba con un contrato de concesión (D2655) expedido por la Agencia Nacional de Minería para la exploración de gravas y arenas, lo que complicaba la viabilidad del proyecto.
El equipo auditor descubrió, entre la documentación contractual, un concepto técnico emitido por la Corporación Autónoma Regional (CAR) el 6 de octubre de 2023.
Este documento señalaba que el predio no presentaba limitaciones o restricciones para la implantación del Banco Municipal de Agua (BAMA) y consideraba viable la ejecución del proyecto en la vigencia de 2023.
No obstante, una visita técnica realizada por la CAR el 27 de noviembre del mismo año encontró actividades de excavación y movimiento de tierra en el lugar, alterando las condiciones del terreno y afectando los requerimientos técnicos necesarios para la instalación de la infraestructura hídrica.
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Ante esta situación, la Dirección de Infraestructura Ambiental de la CAR solicitó la revocatoria del proceso de licitación pública CAR No. 16 de 2023, debido al riesgo que representaba continuar con la ejecución de las obras bajo las condiciones actuales.
La Resolución 301 de 2023 de la CAR impuso una medida preventiva, ordenando al municipio de El Rosal la suspensión inmediata de todas las actividades de excavación y disposición de material en el predio.
Consecuentemente, se revocó la resolución 288 de 2023 que había ordenado la apertura de la licitación para la construcción del BAMA.
Estos eventos han puesto de manifiesto las carencias en los estudios preliminares necesarios para la adquisición del predio, así como la falta de coordinación interinstitucional y consultas a las autoridades competentes sobre las afectaciones físicas, técnicas, morfológicas y ambientales derivadas de la extracción minera.
La situación actual del predio, que no proporciona ningún servicio, representa un presunto detrimento patrimonial para el municipio de El Rosal.
Adicionalmente, el municipio ya ha incurrido en gastos adicionales significativos. A la fecha, ha desembolsado $1,506.928.638 en intereses por el empréstito asumido en 2022, según una certificación expedida el 21 de junio de 2024.
Además, se firmó un contrato menor por $31.999.365 para realizar estudios y diseños de la construcción del BAMA, contrato que fue liquidado el 20 de octubre de 2023 y que, bajo las condiciones actuales del predio, ya no es viable.
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Esto implica una pérdida de recursos para el municipio, evidenciando presuntas actuaciones negligentes y deficientes en la gestión administrativa.
Los hallazgos actuales no solo reflejan la necesidad de una gestión más rigurosa y la importancia de realizar estudios y consultas previas exhaustivas, sino que también subrayan la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión interinstitucional en proyectos de infraestructura tan significativos como el BAMA.
Fuente: RTV Noticias.
