En un fallo disciplinario de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto una severa sanción al exalcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, quien ejerció su mandato entre 2020 y 2023. La destitución e inhabilidad por un período de 8 años y 7 meses se debe a irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de compraventa por un valor de $ 65'163.372, destinado a la adquisición de alimentos y productos de aseo y desinfección para la población vulnerable del municipio durante la crisis sanitaria ocasionada por el covid 19.
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Según la investigación adelantada por el ente de control, el exfuncionario incumplió sus deberes al omitir la verificación de los precios de mercado antes de firmar el bilateral 073 de 2020 con la empresa Sumitec Karch Ltda. La gravedad de esta omisión quedó evidenciada cuando, apenas 8 días después de la firma del contrato, fue necesario disminuir la cuantía pactada en $ 16'895.708, lo que sugiere una falta de diligencia en el análisis previo de los costos reales.
Si bien el contrato se celebró en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta debido a la pandemia, la Procuraduría enfatizó que esta circunstancia no eximía al entonces alcalde de su responsabilidad de asegurar precios razonables y ajustados al mercado. La entidad destacó la importancia de salvaguardar los recursos públicos, especialmente cuando se trata de beneficiar a las personas más afectadas por la crisis.
Las consecuencias de esta irregularidad, según el Ministerio Público, trascienden el ámbito individual del exmandatario. Su proceder no solo afectó los derechos de la entidad territorial que representaba, sino que también tuvo un impacto negativo en las finanzas públicas del municipio.
La falta cometida por el exalcalde Pulido Pulgarín fue calificada como gravísima y se determinó que fue cometida con culpa gravísima, lo que implica un alto grado de responsabilidad y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Ante la decisión de primera instancia, el exfuncionario tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Este recurso le permitiría presentar argumentos y pruebas adicionales para buscar una revisión de la sanción impuesta.
El caso del exalcalde de La Palma pone de relieve la importancia de la transparencia y la vigilancia en la contratación pública, especialmente en momentos de crisis como la vivida durante la pandemia del covid 19. La Procuraduría, como ente de control, ha enviado un mensaje contundente sobre la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con diligencia y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a atender las necesidades de la población más vulnerable.
Este fallo disciplinario sienta un precedente importante y resalta el papel fundamental que desempeñan las entidades de control en la lucha contra la corrupción y la malversación de fondos públicos. La destitución e inhabilidad del exalcalde Pulido Pulgarín busca no solo sancionar su conducta individual, sino también disuadir a otros funcionarios de incurrir en prácticas similares que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
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