La Fiscalía General de la Nación confirmó sentencia por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Dos agresores han sido condenados a extensas penas de prisión, reflejando el avance de las investigaciones en materia de violencia sexual y el compromiso con la protección de las víctimas en Cundinamarca.
El primer caso involucra a un hombre sentenciado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de manera reiterada. Los hechos comenzaron en 2003, cuando la menor tenía apenas 8 años, y se prolongaron hasta que alcanzó los 15. La investigación reveló un patrón de abuso sistemático que ocurrió en el entorno familiar, donde el agresor aprovechó su posición de poder. Gracias a la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía, incluyendo testimonios y peritajes psicológicos, el juez encontró elementos suficientes para dictar una condena alineada con la gravedad del delito.
El segundo caso fue de otro hombre, condenado a 13 años de prisión por actos sexuales contra su hijastra de 12 años. Los abusos se registraron en tres ocasiones distintas, siendo el primero el 4 de julio de 2014 en Fusagasugá. Además, se comprobó que el agresor obligaba a la menor a ver películas con contenido para adultos, un acto que incrementó el daño emocional y psicológico de la víctima. Un fiscal del Centro de Atención a las Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lideró el proceso, asegurando que cada evidencia fuera meticulosamente analizada para sustentar la acusación.

En ambos casos, la labor del Caivas fue determinante. Este centro especializado coordinó esfuerzos con la Policía Judicial y otras entidades para recopilar pruebas, entrevistar testigos y ofrecer apoyo a las víctimas durante los procesos. La diligencia en las investigaciones permitió que los jueces contaran con un material probatorio sólido, garantizando fallos justos y proporcionales a los delitos cometidos.
Casos en la Fiscalía similares en Cundinamarca
En el contexto regional, estas condenas se suman a una serie de casos relevantes en Cundinamarca que reflejan la magnitud del problema de la violencia sexual.
En Soacha, en 2023, un hombre recibió una sentencia de 22 años de prisión por el abuso sistemático de su hijastra de 9 años. Los hechos ocurrieron durante más de tres años en el hogar familiar, y la denuncia de la madre, tras notar cambios en el comportamiento de la menor, fue clave para iniciar la investigación. La Fiscalía descubrió que el agresor utilizaba amenazas para silenciar a la niña, un modus operandi común en este tipo de delitos.
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En Facatativá, en 2022, un profesor de escuela primaria fue condenado a 15 años de cárcel por abusar sexualmente de al menos tres estudiantes, todas menores de 13 años. El caso salió a la luz cuando una de las víctimas confesó lo sucedido a sus padres, quienes alertaron a las autoridades. Las pesquisas revelaron que el docente manipulaba a las niñas con promesas de mejores calificaciones, lo que generó indignación en la comunidad educativa y llevó a la implementación de protocolos más estrictos en las instituciones locales.

En Girardot en 2021, donde un padrastro fue sentenciado a 20 años de prisión por abusar de su hijastro de 7 años durante dos años. La investigación inició tras un reporte médico que identificó lesiones compatibles con agresión sexual. La madre, al principio incrédula, colaboró con las autoridades al confirmar que el agresor tenía acceso exclusivo al menor en horarios específicos. Este caso destacó la necesidad de mayor sensibilización en la detección temprana de señales de abuso.
En octubre de 2020, en Madrid, Cundinamarca, una pareja de tíos fue capturada por someter a una adolescente de 14 años a abusos sexuales, torturas y trata de personas. La menor, enviada desde Santander bajo la promesa de apoyo educativo, vivió un calvario hasta que logró pedir ayuda a un vecino. Los agresores enfrentaron cargos graves, y el caso expuso las vulnerabilidades de menores en contextos de desplazamiento familiar.
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En noviembre de 2023, un mototaxista de Guasca y Suesca, fue detenido tras abusar de al menos 20 mujeres, incluidas menores, entre 2013 y 2021. Este sujeto engañaba a sus víctimas ofreciendo transporte nocturno, desviaba las rutas y las agredía en lugares apartados, usando armas para intimidarlas. La Fiscalía lo judicializó por acceso carnal violento, y su captura fue el resultado de un operativo que involucró denuncias acumuladas durante años.

Finalmente, en octubre de 2024, un taxista de Facatativá, fue capturado tras secuestrar y abusar de una estudiante de 15 años. El agresor la obligó a subir a su vehículo cerca de su colegio y la llevó a una zona rural para cometer el delito. La rápida reacción de las autoridades, alertadas por la institución educativa, permitió rescatar a la menor y detener al responsable, quien enfrenta un proceso en curso.
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Estos casos subrayan un patrón alarmante de abuso en entornos de confianza, ya sea por familiares, cuidadores o figuras de autoridad. La Fiscalía, con el respaldo del Caivas y la Policía Nacional, continúa fortaleciendo sus estrategias investigativas para garantizar justicia. Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de violencia sexual a las líneas 141 del ICBF o 123 de emergencia, enfatizando que la protección de niños y adolescentes es una prioridad inquebrantable en el sistema judicial colombiano.