La Fiscalía General de la Nación realiza extinción de dominio al patrimonio de una sociedad, que habría comprado facturas falsas para evadir obligaciones fiscales y enriquecerse ilícitamente. Entre los bienes confiscados se destaca una bodega y 8 vehículos. Cinco personas son procesadas por esta evasión de impuestos, estimada en 12 mil millones de pesos.
Fiscalía confisca bienes
La Fiscalía General de la Nación ha puesto en punto de mira a un conglomerado empresarial sospechoso de eludir sus cargas fiscales y enriquecimiento ilícito.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ha aplicado la suspensión de poder sobre los activos de la sociedad, una bodega y ocho vehículos.
Estos bienes, que serían propiedad de individuos acusados de evasión tributaria, están valorados en más de 34.000 millones de pesos.
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Estas diligencias se ha llevado a cabo en la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, tales como: Cajicá, Cota y Sibaté. A través de esta decisión, los recursos del conglomerado sospechoso pasan a estar bajo custodia estatal.
En el centro de este caso se encuentran Jairo García Cifuentes, Jhon Jairo García Huertas, Mario Alexander García Huertas, Nadia García Huertas y María Del Carmen Huertas González.
Se establece que estos individuos habrían adquirido facturas falsificadas, que reflejaban operaciones comerciales y servicios nunca realizados.
Como resultado de esta maniobra, habrían adueñado indebidamente del Impuesto de Valor Agregado (IVA), sin reportarlo o transferirlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Se identifica también la utilización de documentos adulterados para reducir la base imponible sobre el impuesto a la renta.
Este supuesto fraude tributario habría generado un enriquecimiento ilícito de aproximadamente 12.000 millones de pesos.
Es un golpe considerable para la Hacienda Pública, al verse privada de recursos que podrían haber sido utilizados en servicio a la comunidad.
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A raíz de estos hechos, estos individuos enfrentan en este momento un proceso penal. La gravedad de sus acciones se hace evidente al considerar que está en juego el bienestar económico de nuestra sociedad.
Las acciones ilícitas se habrían llevado a cabo en un periodo de cinco años, de 2012 a 2016. Esta situación pone el foco en la necesidad de más regulaciones y controles estrictos para evitar futuros comportamientos fraudulentos.
