El reciente proyecto de resolución emanado del Ministerio de Ambiente ha generado un intenso debate en torno al modelo de uso del suelo propuesto para la Sabana de Bogotá, tema que ahora ocupa la atención tanto de las autoridades locales como de sectores especializados. El mandatario de Cundinamarca ha subrayado que, si bien el objetivo primordial del ente ambiental es promover la conservación del ecosistema, la extensión del planteamiento podría afectar la productividad regional y retrasar proyectos estratégicos de desarrollo. De esta forma, el diálogo entre las necesidades de preservación y el impulso a la productividad se establece como el eje central de la discusión.
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El gobernador señaló que el proceso de elaboración de estos lineamientos se ha ejecutado de forma unilateral y sin una consulta previa con las entidades territoriales, situación que ha sorprendido a las autoridades departamentales. Esta falta de concertación implica que el documento, resultado de un extenso proceso de formulación que duró más de un año, se presenta a los municipios con un plazo extremadamente corto para la revisión y aportación de comentarios.
En relación con el ordenamiento territorial, el nuevo modelo de ocupación propuesto establece que toda la Sabana de Bogotá sea considerada como área sujeta a protección ambiental o dedicación agrícola. Este planteamiento restringe la posibilidad de ampliar la oferta productiva y de inversión, ya que se limita a la ejecución de proyectos ya aprobados y a la mejora de infraestructuras que, en la actualidad, generan movilidad entre Bogotá y Cundinamarca.
Dentro de las preocupaciones expresadas se destaca que la cartografía aplicada en la resolución puede no reflejar de manera precisa la geografía real del territorio. Por ejemplo, en localidades como Tocancipá se ha señalado que algunas zonas identificadas como humedales, que según el documento representarían hasta el 60% del área del municipio, podrían estar sobredimensionadas en términos cartográficos. Esta situación plantea algunas dudas sobre la exactitud de la delimitación de zonas protegidas, lo cual afecta directamente las decisiones sobre la utilización del suelo. A
La posible aplicación del nuevo modelo afecta a un total de 40 municipios dentro de Cundinamarca, generando inquietudes en diferentes niveles. En 24 municipios la totalidad de su área estaría condicionada por la normativa, mientras que en otros 16 se estima que la imposición sería de carácter parcial.
El documento también contempla requisitos adicionales para la aprobación de proyectos de infraestructura, lo que puede incrementar tanto la duración como el costo de estos desarrollos. El impacto se prevé no solo en obras viales, sino también en proyectos de transporte masivo y en la expansión de servicios esenciales.
Entre las críticas resaltadas por el gobernador se encuentra la carencia de un espacio de diálogo previo para la construcción colaborativa de estos lineamientos. La estrategia planteada por el Ministerio, aunque reconoce el valor de preservar el ecosistema y las zonas productoras de agua, no contempla un análisis integral que permita proyectar el asentamiento de 2.300.000 habitantes previstos para el año 2050, según datos del DANE. Este aspecto es fundamental, considerando que el crecimiento demográfico y las necesidades territoriales requieren una planificación conjunta y coordinada con diversas entidades involucradas, lo que se refleja en los siguientes puntos:
• Proyección demográfica: la necesidad de incorporar estudios que evidencien la evolución poblacional y sus implicaciones en el uso del suelo.
• Coordinación interinstitucional: la importancia de integrar a diversas entidades territoriales y ambientales para una planificación holística.
• Implicaciones a largo plazo: la relevancia de prever el impacto de la normativa en el desarrollo sostenible y en la expansión de las áreas urbanas.
El seguimiento y análisis jurídico que se está llevando a cabo por parte del Gobierno de Cundinamarca es parte de un proceso enfocado en identificar todas las implicaciones derivadas del documento. Las autoridades departamentales se encuentran evaluando cuidadosamente cada uno de los puntos expresados en la resolución, a fin de formular observaciones y propuestas que permitan una revisión técnica adecuada. Este proceso se encuadra en una estrategia de análisis multidimensional que aborda aspectos ambientales, urbanísticos y de desarrollo productivo. Entre las etapas que se contemplan en este proceso se pueden mencionar:
• Revisión técnica: análisis detallado de cada punto del documento para identificar inconsistencias y ambigüedades.
• Elaboración de observaciones: formulación de propuestas y comentarios que reflejen las necesidades de los municipios afectados.
• Coordinación con las entidades territoriales: diálogo interinstitucional para fortalecer la propuesta de lineamientos de uso del suelo en la región.
Desde la perspectiva de una gestión pública enfocada en el crecimiento sostenible, el diálogo entre el Ministerio y las autoridades locales se presenta como una necesidad imperativa para garantizar que la adopción de nuevos lineamientos se realice de manera transparente y colaborativa. El equilibrio entre la protección ambiental y la dinamización productiva es un desafío que demanda la participación activa de todas las partes implicadas. La revisión de estos lineamientos y la posibilidad de ampliar los plazos para recibir aportes técnicos se consideran acciones relevantes dentro de este marco de trabajo colectivo. Este enfoque estratégico se presenta en un escenario donde:
• Se fomenta la participación: el impulso de mesas técnicas y el diálogo permanente entre entidades.
• Se equilibra la productividad con la protección: la necesidad de adoptar medidas que simultáneamente favorezcan el desarrollo económico y garanticen la conservación del entorno.
• Se fortalecen los procesos de planeación: la integración de datos técnicos y cartográficos que respalden una toma de decisiones informada y ajustada a la realidad del territorio.
El gobernador de Cundinamarca expresó preocupación por la publicación sorpresiva de un proyecto de resolución el 28 de febrero, sin consulta previa con las entidades territoriales. Criticó el corto plazo de cinco días para presentar observaciones, frente al año que tomó su elaboración. Pidió ampliar el tiempo de análisis y enfatizó la necesidad de un diálogo amplio para equilibrar protección ambiental y crecimiento sostenible en La Sabana.
